La reunión fue convocada luego de que Sonia Yolanda Quisbeth Castro, madre de un niño que sufre una encefalopatía crónica, presentara un recurso de amparo que le garantizara “el derecho a una vivienda adecuada”. Ganó en primera y segunda instancia, pero todo se dio vuelta en el Superior Tribunal porteño y volvió a quedar en la calle.

En la reunión, Vidal concedió que la duración de los subsidios a los sin techo suelen extenderse cuando hay de por medio un amparo judicial. Ante esta afirmación, la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco reflexionó: "Entonces si no hay juicio, no hay nada más allá de los diez meses". "¿Ustedes no actúan sobre la gente más pobre si no es con orden judicial?"

La funcionaria insistió en que la Ciudad tiene siete paradores propios y 15 concesionados. Y ante otra pregunta de otro miembro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, reconoció que quienes viven en esos establecimientos no son computados como personas en situación de calle. "No consideramos que quien esté en un parador esté en situación de calle", definió la ministra al admitir que "no hay un programa específico" para esos casos.

Además, Vidal explicó que otra alternativa para solucionar el problema de viviendas está en las líneas de créditos que otorga el Estado que administra Mauricio Macri y confirmó que para acceder a ese préstamo es necesario un ingreso de 2.000 pesos, dinero que Quisberth no posee.

Por otra parte, cuestionó que el Gobierno nacional no cumpla con la transferencia de recursos para los planes de vivienda, pese a que la ciudad recibe apenas el 1,3 por ciento del dinero presupuestado para todo el país. El presupuesto porteño para vivienda, según Vidal, es de 800 millones de pesos, más 120 para emergencia, sobre un total de 24 mil millones.

Asimismo subrayó que la Capital Federal, con un déficit de 50 mil viviendas, es el único distrito del país que tiene esos programas de asistencia.

Lo que también hizo la funcionaria fue reivindicar la función de los paradores donde, precisó, son asistidas unas 1.300 personas, la única cantidad que el gobierno porteño admite como verdadera, contra las 10 que contabilizan las organizaciones sociales.