El abogado Diego Lavado, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, precisó que "lo primero que aparece es la participación de Rico en el Centro de Instrucción Contra Subversivos, y el alegó que era simplemente un instructor, un represor teórico". Según el letrado, el acusado "daba las instrucciones de cómo actuar" y "lo que después fue surgiendo es su participación directa dentro del Departamento de Información de la Policía de Mendoza" donde "tenía un rol de actor directo sobre este tipo de cosas".

En tanto, diputados radicales pidieron al gobierno de la provincia que sea querellante en este caso. "Todo el gabinete debería asistir a la Cámara Federal, incluido el candidato a gobernador del PJ Francisco Pérez, para aportar todos los datos necesarios a fin de que se esclarezca el caso", sostuvieron a través de un comunicado.

"Este señor fue el secretario de Seguridad durante los primeros meses de la actual gestión provincial, cuando el justicialismo tercerizó la seguridad mendocina y la dejó en manos del Partido Demócrata", dijeron los legisladores Daniel Dimartino, Roberto Infante y Néstor Parés, quienes formalizarán el pedido mediante un proyecto de resolución que pedirán tratarlo el miércoles durante una sesión.