El juez había ordenado la detención de Sobreto y Portorreal el 30 de septiembre asegurando tener pruebas contundentes para acusarlo de integrar una supuesta asociación ilícita que organizó la quema de trenes de la línea Sarmiento el 2 de mayo en las estaciones de trenes de Ciudadela y Haedo, en el oeste del Gran Buenos Aires.

En paralelo a las detenciones, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a afirmar públicamente que el juez que dispuso las detenciones debe tener "elementos contundentes" y "semiplena prueba" para tomar esas decisiones. Sin embargo, a los cuatro días Yalj ordenó la liberación de Sobrero, Axson, Peláez y Portorreal por falta de pruebas, y días más tarde hizo otro tanto con los hermanos Díaz.

Según la instrucción "contundente" de la causa llevada por el juez, Sobrero y Portorreal habían sido acusados por Alan Skrobacki, un indigente preso acusado de quemar los trenes, quien declaró que un "tal Leo" le ofreció plata para iniciar el incendio y que se mantenía en contacto con el sindicalista. Ese "tal Leo" se pensó que era Portorreal, por lo que se lo detuvo, pero luego se corroboró que era otra persona a la que ahora se busca detener.

Pese a ello, el juez no se pronunciaba sobre las situaciones procesales de los acusados y dejaba trascender que esperaba informes de la Secretaría de Inteligencia (SI), mientras rechazaba los pedidos del fiscal Jorge Sica y las defensas para que resolviese si procesaba, sobreseía o dictaba la falta de mérito.

Hasta que días atrás los abogados de Sobrero, Omar Dib, Enrique Molina y Martín Alderete calificaron de "irrazonable y desproporcionada" la tardanza en resolver y le advirtieron al juez que si en tres días no se pronunciaba iban a denunciar "su incumplimiento al Superior".

Los otros favorecidos con la resolución del juez son Hernán Angel Axson, Rodrigo Hernando Peláez, y los hermanos Fernando y Guillermo Díaz.