Algunos manifestantes portaban banderas rojas y coreaban consignas como "Israel no es Irán". Según los organizadores, la "manifestación por la democracia" es la primera de una serie de protestas contra lo que consideran una batería de iniciativas que vulneran la libertad de expresión. La última de ellas, aprobada anoche en el Parlamento por 42 votos a favor y 31 en contra, gracias a que la coalición de gobierno impuso la disciplina del voto, es una norma referida a la difamación periodística. La nueva norma del gobierno nacionalista de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu desató alarma en sectores de prensa que la consideran "intimidatoria".

La medida prevé elevar de 50.000 shekels (13.400 dólares) a 300.000 (80.400 dólares) la demanda económica de compensación por difamación que pueden exigir aquellos que se sientan difamados por diarios, radios, televisión o sitios de Internet. El proyecto de ley, que deberá ser sometido a otras revisiones parlamentarias antes de entrar en vigor, se inscribe dentro de una amplia batería de iniciativas legislativas que, según sus detractores, amenaza con golpear a aquellas voces que resultan "incómodas" o a centros de control democrático del país.

La polémica norma provocó la dimisión de una de las integrantes del Consejo de garantía de los medios de comunicación (órgano consultivo instituido en el seno de la oficina de prensa del gobierno israelí), Eva Berger, directora de un prestigioso instituto de periodismo. La iniciativa se suma al reciente rechazo del gobierno de renovar algunas garantías de financiamiento de medios, consideradas vitales para el futuro de medios como la Radio Militar o la emisora comercial Canal 10.

En la misma sesión, el Parlamento aprobó en general otro proyecto que afecta a la composición del comité que elige a los miembros del Tribunal Supremo. Según la oposición, la propuesta supone una politización de la Justicia, un atentado contra la separación de poderes y un intento de Netanyahu por introducir en el Supremo a magistrados cercanos a sus ideas.

Por último, los parlamentarios aprobaron otra ley para limitar y reducir las donaciones extranjeras a las organizaciones no gubernamentales que no reciben financiamiento por parte del Estado. La legislación afectará principalmente a las ONG calificadas como "políticas", que principalmente trabajan en la defensa de los derechos humanos en los territorios palestinos. Según la nueva ley, el techo máximo de ayuda procedente del exterior para cada una de estas organizaciones será de 20.000 shekels (unos 4000 euros), lo que de acuerdo con los críticos supone un serio riesgo para las finanzas de estas organizaciones.