El anuncio de la extradición había sido hecho en julio pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia para cumplir una pena de 20 años de prisión, tras un decreto que no esperó a que el panameño cumpliera la condena en territorio galo.

El gobierno de Panamá pidió su extradición por la desaparición, en septiembre de 1985, de Spadafora, cuyo cadáver fue hallado decapitado. También deberá comparecer por los delitos cometidos durante su gobierno, un período marcado por violaciones de los derechos humanos y que terminó con la intervención militar de Estados Unidos, que lo había apoyado durante largo tiempo.