En Monte Quemado, los manifestantes se congregaron en uno de los accesos de esa ciudad, ubicada unos 360 kilómetros al norte de la capital, y desde allí marcharon frente a edificios públicos en demanda del esclarecimiento del crimen de Ferreyra.

El Mocase atribuyó el crimen a una orden de Ciccioli, a quien también acusaron de amenazar a pobladores de la zona para avanzar con el desmonte de terrenos. El miércoles, la viuda de Ferreyra, Beatriz Juárez, se reunió con el gobernador, Gerardo Zamora, y dijo que lo único que espera es "que paguen los asesinos". Zamora se comprometió a colaborar en el esclarecimiento del caso y para que ninguna otra familia campesina sufra un hecho de violencia por los desmontes. Por el momento, el gobierno santiagueño suspendió los desmontes por 180 días.

El juez que investiga el asesinato, Alejandro Sarría Fringes, señaló que el martes trasladaran a su despacho a Ciccioli, propietario del campo donde trabajaba el presunto homicida, Javier Francisco Juárez, para indagarlo. El magistrado afirmó, por otra parte, que rechazó el pedido de eximición de prisión solicitado por Hugo Juárez, hermano del presunto homicida, quien se encuentra prófugo de la Justicia, acusado por supuesto abuso de armas y amenazas.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, organizaciones campesinas y movimientos sociales, entre ellos el Mocase, el Movimiento Evita y el Frente Transversal de la CTA, marcharon frente al Congreso de la Nación para repudiar el asesinato de Ferreyra y apoyar la presentación de un proyecto de ley que suspende los desalojos de tierras rurales por 5 años.

Cristian Leandro Ferreyra, de 23 años e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), fue asesinado en el paraje Campo de Mayo del departamento Copo. La hipótesis de la investigación recae sobre los hermanos Juárez, empleados de Ciccioli, quienes concurrieron a la vivienda donde se encontraba Ferreyra y otro militante, Darío Godoy, quien resultó herido.