La oposición llevó al recinto cinco dictámenes de minoría: uno de la UCR, uno del Frente Peronista, uno de la Coalición Cívica, uno del PRO y el restante de Proyecto Sur. Durante el debate, oficialistas y opositores se pronunciaron a favor y en contra de la iniciativa del Ejecutivo, en una sesión en la que se limitaron los tiempos de exposición para evitar la extensión desmedida de la deliberación.

La diputada Juliana Di Tullio, como miembro informante por ser la titular de la Comisión de Comercio, abrió el debate del proyecto, que en su articulado hace referencia al informe "Papel Prensa, la Verdad", elaborado por la Secretaría de Comercio Interior en 2010. "En la distribución del papel existió y existe una inequidad absoluta en dos grandes objetivos expresados en el dictamen de mayoría: el acceso igualitario a ese bien preciado que necesitan los diarios y en el precio único para que no haya diferencias entre grandes y pequeños medios", advirtió. La iniciativa "cuida, resguarda y promociona la libertad de expresión en el país", agregó Di Tullio, y concluyó: "Creo que ningún político que tenga origen democrático y popular puede no acompañar este proyecto".

En nombre del radicalismo, el presidente del bloque, Ricardo Gil Lavedra, dijo que "en este debate ha sido demostrada la sinrazón del proyecto del Poder Ejecutivo", y sostuvo que "la iniciativa tiene nombre y apellido y está dirigida a una sola empresa que es Papel Prensa". "Estamos discutiendo si cada uno tiene el derecho a expresarse con libertad", advirtió, al tiempo que agregó que "en 2011, cuando se ve que va a desaparecer el papel, cuando van a ser reemplazados por la tecnología, ésta discusión parece ridícula".

Por el Frente Amplio Progresista, el titular de la bancada, Juan Carlos Zabalza, dijo que "el tema de la libertad de expresión no contempla la existencia de monopolios estatales o privados", y recordó que "durante años la empresa monopólica Papel Prensa ha cometido innumerables abusos, que, es cierto, podrían haberse evitado si el Estado hubiera actuado". Sin embargo, justificó el voto en contra al señalar que "el Ministerio de Economía tiene facultades exorbitantes para controlar esta ley" y que "el Congreso no debería tener el objetivo de controlar la actividad, sino el de controlar a la autoridad competente".

El discurso final del Frente Peronista estuvo a cargo de Gustavo Ferrari, quien anticipó que "mucho se dirá sobre la inconstitucionalidad de esta norma, sobre los derechos a la libertad de expresión". El kirchnerista Carlos Moreno, por su parte, consideró como "un terrible retroceso que diputados de estas bancas digan que a este proyecto lo van a agarrar los jueces o la Corte". "El tema de papel para diarios en Argentina es un despojo que comenzó en 1976 con la puesta en marcha de Papel Prensa, en una continuidad que dejó a muchas familias de los diarios del interior en el camino", enfatizó.

Entre los aliados al gobierno, el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, dijo que el voto a favor de la ley va "más allá de las amenazas de invisibilización, o a que nos silencien en algunos medios de comunicación". "No vamos a ser parte de los que canjean representación democrática por centímetros en diarios o minutos en televisión", expresó.

Los bloques Unidad Peronista y Proyecto Sur, integrados cada uno por tres diputados, se abstuvieron en la votación, a pesar de compartir el espíritu del proyecto, por no coincidir con su implementación. El dictamen contempla, entre otras cosas, que la empresa Papel Prensa "deberá operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel" y presentar cada tres años un plan de inversiones tendientes a satisfacer la demanda interna de papel de diarios.

La norma aprobada esta tarde, que contaba con un dictamen de mayoría, contempla, además, un marco regulatorio que surgió luego de las audiencias públicas que fueron realizadas en todo el país. La iniciativa establece que la compañía Papel Prensa, que tiene una participación minoritaria del Estado y cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación, deberá fijar un precio igualitario del insumo para todos los medios del país y deberá garantizar el acceso para todas las empresas. Se prevé la creación de un Consejo Federal y una Comisión Bicameral que tendrán por función hacer cumplir las disposiciones de la norma.

Durante las audiencias públicas que se realizaron en el Congreso y que sustentaron la conformación del marco regulatorio, pasaron 120 dueños de diarios, editores –grandes y pequeños– y los que se consideraron simplemente actores sociales. También estuvieron los gremios de los trabajadores y los académicos.

“Este proyecto resuelve dos inequidades, el acceso a este bien esencial para la salida de los diarios y su precio igualitario para todos los actores. El texto tiene el mismo espíritu que el que fue tratado en octubre de 2010”, señaló Di Tullio, presidenta de la Comisión de Comercio.

"No queremos que Papel Prensa deje de ser de Clarín y La Nación y el Estado tal cual está hoy planteada, no avanzamos sobre la propiedad de la empresa. Lo que sí queremos claramente es que la actividad comercial deje de ser una actividad monopólica, porque genera una posición dominante desfavorable para el resto de los emprendimientos", argumentó, a su turno, el jefe del bloque del Frenta para la Victoria, Agustín Rossi.

La nueva norma propone que "la producción de pasta celulosa para papel de diarios esté al alcance de forma igualitaria de todos los emprendimientos periodísticos", debido a que "la actividad hoy es cuasi monopólica y el monopolio lo ejercen los dos principales diarios que tiene la Argentina, que son Clarín y La Nación", opinó el legislador.