El Jurado coincidió con la mayoría de los cargos que los consejeros de la magistratura Hernán Ordiales y Carlos Moreno, en sus roles de acusadores, formularon contra el ahora destituido camarista. Ordiales y Moreno habían pedido el 24 de noviembre pasado la destitución de Romano al considerar que fue "funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado", y "deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia".

Para tomar la decisión de destituir a Romano, el Jurado evaluó, también, la conducta que tuvo hace cuatro meses, cuando, ante la inminente suspensión por parte del Consejo de la Magistratura y su procesamiento por parte del juez federal de Mendoza Walter Bento, decidió fugarse a Chile. "Por no tener las condiciones morales", es uno de los argumentos de la setencia.

Entre las conclusiones del jury figuran la "displicencia" e "insensibilidad" que mostró Romano cuando, siendo fiscal federal, omitió denunciar, impulsar y perseguir hechos considerados como delitos contra los derechos humanos que fueron puestos en su conocimiento. "Nada hizo sobre los graves delitos de los que, como fiscal, tomó conocimiento en varios casos a través de las propias víctimas", consignó parte de la sentencia.

Romano, según el Jurado, "desdeñaba reclamos y denuncias de los damnificados" y por lo tanto al tribunal "no le cabe el mínimo atisbo de duda" sobre su responsabilidad en hechos vinculados a la violación de derechos humanos.

La destitución fue votada por unanimidad por el jury integrado por las juezas María Alicia Noli y María Susana Najurieta; los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached; los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile; y el abogado Fabián Antonio Sahade. Ahora, el destituido juez podría quedar detenido en Chile, que difícilmente contemple el asilo, y le seguiría la extradición.

El caso de Romano es el segundo de un camarista federal de Mendoza en ser juzgado por amparar delitos de lesa humanidad, ya que en marzo fue destituido su colega Luis Miret.