El escrito, firmado por el secretario Eduardo Luis Duhalde y el subsecretario de Protección, Luis Alén, afirma que "los elementos ya acompañados a la causa, que motivaron que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, como el juez Corazza, luego el Juez Rafecas y últimamente la Sala I de la Cámara Federal porteña coincidieran en el carácter de crímenes de lesa humanidad que corresponde a los hechos denunciados, cometidos en el marco del plan sistemático de la dictadura cívico militar de 1976/1983, hacen necesario el llamado a indagatoria".

La Secretaría se presentó como parte querellante denunciando que los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón "sostuvieron las posiciones de la Junta Militar genocida y sus funcionarios civiles, incluso desde antes del asalto a las instituciones producido el 24 de marzo de 1976". "Luego del golpe, apoyaron las acciones del Estado Terrorista y, asociados ilícitamente con el mismo, se apropiaron ilegalmente de la empresa Papel Prensa, utilizando amenazas y métodos extorsivos contra sus accionistas para forzarlos a ceder sus acciones, en un proceso que continuó con la detención ilegal de los accionistas y personas vinculadas con ellos, el sometimiento a torturas de los secuestrados", señala el comunicado.

Además, precisa que "de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, relativos al 'Caso Graiver', surge que La Nación y Clarín se habían beneficiado fácilmente de la venta de la planta de papel de Graiver, 'Papel Prensa', a precios extraordinarios".

"Se hace expresa mención al temor de los propietarios de pequeños y medianos medios de comunicación, debido a la decisión del gobierno de incrementar el impuesto al papel importado de un 10 a un 45 por ciento, lo que los forzaría a comprar el papel de muy superior costo y de menor calidad a la única empresa fabricante de papel de la Argentina, 'Papel Prensa', de propiedad conjunta de los medios más ricos del país, Clarín, La Nación y La Razón, y el gobierno".

El resto de los archivos hacen mención "a las violaciones de los derechos humanos que llevaba adelante el Estado Terrorista, a la situación planteada con los integrantes del llamado 'Grupo Graiver' y del periodista Jacobo Timerman, haciendo especial hincapié en el marcado antisemitismo que se desprendía de las acciones emprendidas contra los mencionados".

En su rol de querellante, la Secretaría pidió también la indagatoria de Raymundo Juan Pío Podestá, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos y Reinaldo Gregorio Bandini.