Al sentarse por primera vez en el banquillo, Baltazar Garzón, acusado de haber ordenado en 2009 presuntas escuchas telefónicas ilegales, dijo que tomó esa decisión por existir indicios de que los acusados y sus abogados eran parte de una maniobra de blanqueo de más de 20 millones de euros en sobornos de la trama de corrupción depositados en cuentas en paraísos fiscales.

Los abogados de los acusados, por el contrario, insistieron en que las intervenciones tenían como objetivo conocer la estrategia de defensa de los letrados, algo que el juez Garzón negó rotundamente.

Se lo imputa de "uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales" en la investigación de un escándalo de corrupción conocido como Trama Gürtel, que salió a la luz hace tres años y que salpica al partido del presidente del gobierno español Mariano Rajoy.

El magistrado mundialmente conocido por la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, en Londres “quiso intervenir las comunicaciones de los abogados con los internos Fracisco Correa y Pablo Crespo", leyó la auxiliar judicial, mientras el juez, que compareció vestido con su toga negra de magistrado, escuchaba los cargos, sentado junto a su defensor Fracisco Baena Bocanegra.

En la primera jornada del proceso, el Tribunal Supremo rechazó la petición de la defensa de Garzón de recusación de dos jueces del tribunal por su presunta parcialidad, y le negaron también el derecho de interponer un recurso de apelación en caso de ser condenado.

El magistrado está suspendido desde mayo de 2010 y actualmente trabaja de asesor para el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en la Haya, Luis Moreno Ocampo.

Decenas de personas que simpatizan con él se congregaron frente a la sede del Tribunal Supremo para aplaudir y animar al juez sometido a juicio cuando éste acudió a la máxima corte española. "Garzón es inocente!" y "Fascistas fuera!", fueron algunas de las consignas que corearon los que están convencidos de que Garzón es víctima de una "persecución política" promovida por la ultraderecha española.

Una semana después del inicio de este juicio, Garzón tendrá que volver al mismo lugar para el inicio de otro proceso por prevaricación, impulsado por asociaciones de extrema derecha, por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). En ninguno de los dos procesos existe acusación por parte de la fiscalía.