El juez Baltasar Garzón se sentará hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo español que lo juzgará por prevaricación por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados de una trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años. A sus 56 años y después de haber perseguido a ETA, a narcos gallegos, a empresarios y políticos corruptos y al ex dictador chileno Augusto Pinochet, entre otros, el magistrado podría enfrentarse al final de su carrera judicial.

Justo una semana después del inicio de este juicio, en el que está acusado por uno de los abogados de los procesados por la “trama Gürtel” y por el presunto cerebro de la misma, Francisco Correa, Garzón tendrá que volver al mismo lugar para el inicio del juicio por su investigación de los crímenes del franquismo. Este proceso lo impulsaron asociaciones de extrema derecha.

El caso Gürtel es la mayor trama de corrupción política de España vinculada con el PP. La acusación, sustentada por los jefes corruptos Francisco Correa y Pablo Creso, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, pide entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido las comunicaciones en prisión entre algunos abogados de la trama vinculada al Partido Popular (PP) y sus clientes. Correa y Crespo, que supuestamente repartieron millones entre cargos del PP para conseguir jugosos contratos, siguen en prisión desde que los encarceló Garzón, pero disponen de amplios medios para pagar unos abogados muy caros que han conseguido sentar al juez Garzón en el banquillo. Entre esos letrados hay dos antiguos colegas de Garzón en la Audiencia: el ex juez José Antonio Choclán, abogado de Correa, y el ex fiscal Ignacio Peláez, que promovió la querella inicial. Si Garzón es condenado, será expulsado de la carrera judicial.

Garzón ordenó intervenir las conversaciones al considerar que podría existir connivencia entre los abogados y sus clientes para esquivar el alcance de la Justicia española de “millones de euros” ocultados en el extranjero. El magistrado acusado asegura que eliminó las conversaciones que afectaban la estrategia de defensa, mientras que el juez instructor del caso, Alberto Jorge Barreiro, sostiene que Garzón quiso conocer “indebidamente” la estrategia de defensa de sus abogados.

La fiscalía pide la absolución de Garzón ya que considera que no cometió los delitos que se le imputan. Suspendido desde hace casi dos años de sus funciones como juez instructor de la Audiencia Nacional española, puede ser condenado hasta a 17 años de inhabilitación. En ninguno de los dos procesos existe acusación por parte de la fiscalía. En el proceso por su investigación de los crímenes del franquismo, un juicio que ha comprometido la imagen de la Justicia española fuera de España, Garzón está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas. Posteriormente, se lo inhibió a favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas de las víctimas.

Garzón tiene además otra causa en su contra por unos cursos que organizó en la Universidad de Nueva York cuando disfrutaba de un permiso de estudios entre 2005 y 2006. Según los querellantes, Garzón financió los cursos con dinero del Banco Santander y meses después archivó una querella contra su presidente, Emilio Botón, por lo que le acusan de prevaricación y cohecho.

El pesimismo sobre la suerte del magistrado pesa en su entorno. La defensa de Garzón, a cargo del abogado Francisco Baena Bocanegra en este proceso, vio rechazadas por el Supremo sus principales peticiones de prueba: la declaración del juez del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, que tras suceder a Garzón en la instrucción prorrogó las escuchas, y la de las dos fiscales anticorrupción que las validaron. El testimonio de Pedreira era clave para la defensa, ya que este juez no sólo prorrogó las escuchas sino que desestimó los recursos de los imputados y resolvió sobre las propuestas de las fiscales respecto a qué escuchas debían incorporarse a la causa.

El juicio se desarrollará en principio en tres sesiones de mañana, que son las que el Supremo considera suficientes para liquidar el asunto. Se trata de un proceso técnico basado en la prueba documental y sin poder contar con la versión del juez Pedreira y la de las dos fiscales anticorrupción, el interés de las sesiones queda restringido a las explicaciones que el propio Garzón exponga durante su interrogatorio.