17:30 › LA OTRA PATA
El subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, sostuvo que los casos en los que se superponen los crímenes políticos y los delitos económicos demuestan "la esencia de la dictadura cívico-militar", y mencionó la venta irregular de Papel Prensa como "caso testigo" de la complicidad de parte de la sociedad civil con el gobierno militar. "Con la reapertura de las causas se inició una primera etapa en el proceso de memoria, verdad y justicia que permitió que, a partir de 2008, se agregue la responsabilidad de civiles en el Terrorismo de Estado", advirtió.
"Con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son juzgados los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad por ser responsables directos, y ahora, con la multiplicación de juicios, se incorpora la complicidad civil, ya que el verdadero objetivo era organizar el país de acuerdo a un modelo económico cuyo jefe civil fue José Alfredo Martínez de Hoz", explicó Alén en una entrevista con la agencia Télam.
Las investigaciones por apropiación de bienes bajo el terrorismo de Estado tienen en Papel Prensa el caso "más emblemático", seguido por "más de 600 empresas que fueron liquidadas o intervenidas por no ajustarse al modelo económico que querían imponer", confirmó en base al seguimiento de la Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad creada en 2010.
"Igual que Papel Prensa hubo casos como el del Banco Latinoamericano o el de la siderúrgica Grassi, en Mendoza, que estaba vinculada con Papel Prensa y que competía con Acindar, cuyo gerente general antes del golpe del 24 de marzo era Martínez de Hoz", apuntó.
En la lista de crímenes con motivos económicos, el subsecretario de Derechos Humanos agregó el secuestro y desaparición de los empresarios Gutheim, dueños de la algodonera Sadeco y el de la compañía de electricidad Italo, que -recordó- "fue estatizada a precio sideral pagado en francos suizos, constituyendo un caso único en la historia de las transacciones internacionales". "Se explica porque Martínez de Hoz fue su presidente hasta el 29 de marzo de 1976 y la estatización se consumó a pesar de que la empresa tenía una deuda con el Estado, no había cumplido los términos del contrato, y pasó de no valer nada a costar 394 millones de dólares pagados en francos suizos en una operación encabezada por Roberto Alemann, hermano del secretario de Hacienda (Juan Aleman)", remarcó.
Los ejemplos revelan, según Alén, que "el verdadero objetivo del golpe militar era implantar un modelo de exclusión que fue preparado por grupos económicos" y que para ponerlo en práctica "decidieron que la única forma era mediante el disciplinamiento por el terror".
Entre los grupos concentrados, Alén identificó a "la Asociación de Entidades Gremiales Empresariales que impulsan una huelga patronal empresaria en febrero de 1976, la Sociedad Rural, y el Consejo Argentino Empresarial más el apoyo importante de los grandes medios de comunicación que prepararon el clima para el golpe".
Recordó que actualmente "Clarín y La Nación están bajo investigación (por la venta de Papel Prensa) porque fueron parte de este proceso, asociándose con la dictadura en la apropiación de la empresa que les garantizaba un negocio fenomenal y que los consolidaba como empresa monopólica a cambio del silencio por los crímenes de la dictadura".
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