María contó que sabía dónde habían enterrado a su madre después de ser fusilada, pero que ninguna autoridad la ayudó a recuperarla. Le escribió cartas al rey Juan Carlos, al juez del Supremo Luciano Varela, al expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, entre otros, según el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda.

María del Pino Sosa Sosa, de 75 años y presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Canarias, quien presentó una denuncia a la Audiencia Nacional con una lista de más de 500 desaparecidos víctimas del franquismo, a su turno relató que "a mi padre se lo llevaron de casa, lo apalearon, lo tuvieron preso y luego lo dejaron en libertad". Sin embargo, nueve días después un grupo de falangistas volvió por él y "nunca más supimos nada", agregó la testigo, cuya madre entonces estaba embarazada de ella. "Cuando se llevaron a mi padre se llevaron el pan y la sal, mi madre estaba enferma, lo buscaba y nunca lo encontró", agregó.

María del Pino remarcó que a su padre "se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba mi madre", por eso "nunca aceptó" el certificado de defunción de su marido. La mujer contó al Supremo que primero denunció el caso en su pueblo, Arucas, ante de acudir a la Audiencia Nacional en busca de "justicia", y reconoció que denunciaron crímenes de lesa humanidad que no están prescriptos.

Finalmente declaró Ángel Rodríguez Gallardo, historiador de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas, Pontevedra, quien subrayó que las víctimas acudieron a la Audiencia Nacional porque "había muchos crímenes sin resolver". "Buscábamos de la justicia una reconstrucción lo más fiel posible de lo que ocurrió con las víctimas del franquismo y que se les pudiera reparar, algo que yo, como historiador no puedo hacer", dijo. El testigo contó cómo las víctimas fueron de tribunal en tribunal, sin saber aún quién era competente, y que hubo intentos anteriores de obtener repuesta de la justicia, pero el 23-F (intento de golpe de Estado de 1981) frenó todo.

Las víctimas del franquismo testifican ante el Supremo en calidad de testigos de la defensa del juez Garzón, quien afronta un pedido de pena e 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricato, es decir dictar a sabiendas una resolución injusta, por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo y haber ordenado la exhumación de fosas comunes. Lo denunciaron las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, dos grupos que responden a personas que buscan garantizar la impunidad y los intereses políticos, sociales y económicos de los herederos del franquismo, según las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

El juicio contra Garzón se reanudó ayer después de que el tribunal rechazara la solicitud de la defensa y la fiscalía de que el proceso sea archivado por falta de garantías, tanto porque las acusaciones no cumplían con los mínimos legales como por la parcialidad del juez instructor, quien ayudó a corregir sus denuncias. Pero si bien el tribunal reconoció que hubo "excesos" por parte del instructor, decidió continuar con el proceso y avalar así la denuncia de los grupos ultraderechistas, incluso contra la "doctrina Botín", que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna.

El Supremo dice ahora que los hechos son de "naturaleza pública", por eso sigue adelante, pese a que en los tres casos contra Garzón la Fiscalía no acusa y la defensa pide la libre absolución del juez. Garzón, por su parte, declaró ayer ante el tribunal que su obligación era investigar los crímenes del franquismo porque "miles de personas aún siguen desaparecidas".

El magistrado, quien dijo haber actuado de buena fe y guiado por el derecho de reparación de las víctimas, afirmó además que estos crímenes no prescribieron, ya que el "delito de desaparición de personas es permanente". Garzón no estuvo nunca solo. A las puertas del Supremo un grupo de manifestantes coreaban "Hay que juzgar, al franquismo criminal" y pedían a gritos "Verdad, justicia, reparación".

Mientras es juzgado por sus investigaciones contra el franquismo y espera un tercer juicio por un delito de cohecho, relacionado con una solicitud de financiación al Banco Santander y otras empresas, Garzón aguarda la sentencia de su primer proceso. Se trata de la autorización que dio para realizar escuchas telefónicas entre los abogados y los principales implicados en la trama de corrupción Gürtel, ligada al gobernante Partido Popular (PP).