Las detenciones ocurrieron en mayo de 1978 y los ciudadanos peruanos fueron trasladados en avión hasta la base aérea de El cadillal, en Jujuy, provincia en donde quedaron secuestrados en el Regimiento de Infantería de Montaña 20. Allí, según la denuncia, funcionarios de Cancillería argentina, del Ejército y del Ministerio del Interior los "presionaron" para que aceptaran presentarse como "refugiados bajo el control directo de las Fuerzas Armadas". Ante su negativa, se los trasladó al sótano del Departamento Central de Policía Federal, en Buenos Aires, hasta que fueron expulsados a distintos países.

Oyarbide consideró que se trató de un delito de "lesa humanidad", imprescriptible, y ordenó indagar a Videla y Harguindeguy, el 22 y 23 de febrero próximos. Ambos ya están detenidos a su disposición en otras causas, por lo cual en esas fechas serán trasladados a los tribunales federales de Retiro. En cuanto a Morales Bermúdez, Oyarbide solicitó a Perú la "detención provisoria y o preventiva con fines de extradición", y paralelamente ordenó su captura internacional, acusado de la privación ilegal de la libertad de Ricardo Napurí Schapiro, secuestrado en la madrugada del 25 de mayo de 1978 en Lima junto con José Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Galdos, Humberto Larrain, Ricardo Díaz Chávez, Javier Canseco Cisneros, Genaro Inquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco y Guillermo Faura Gay.

Según relató Napurí Shapiro en una entrevista publicada por Página/12 el 10 de octubre de 2004, el coronel argentino que los recibió en el Regimiento de Jujuy les comunicó que “era un acuerdo de los gobiernos y los estados mayores para intercambiar prisioneros de guerra”, pero como junto con él se encontraban dos almirantes que habían formado parte del gobierno de Velasco Alvarado y el secretario general de la central obrera peruana "durante el Mundial de Fútbol se filtró al extranjero lo de nuestra detención. En el mundo se decía que la derrota de Perú había sido impulsada por un acuerdo de los dos gobiernos y nosotros formábamos parte del canje. Intervinieron el cónsul norteamericano y el gobierno sueco. No les quedó más remedio que deportarnos a donde quisiéramos. Algunos salimos para Francia”, recordó Napurí veintiséis años después, cuando reclamó que se incorporara a Perú en las investigaciones sobre el Plan Cóndor.

El juez Norberto Oyarbide dio por acreditado que como lo ocurrido coincidía con el Mundial de Fútbol que se disputaba en el país, la dictadura quiso presentar a los ciudadanos peruanos como asilados para mejorar su imagen en el exterior y que, finalmente, fueron llevados al aeropuerto de Ezeiza en calidad de "expulsados".

Por su parte, Morales Bermúdez -quien gobernó el Perú entre 1975 y 1980- aseguró hoy en Lima que su gobierno no participó del denominado Plan Cóndor. El dictador, de 90 años, sostuvo que lo que hubo "fue una deportación a la Argentina de un grupo de políticos peruanos que estaban alterando el orden público, en momentos que el gobierno militar preparaba la transición a la democracia", según un despacho de la agencia Andina. "Quieren a la fuerza encuadrar al Perú y al gobierno que presidí en el Plan Cóndor, al cual no entró nunca el Perú", aseveró Morales Bermúdez, al indicar que su país "no tenía motivos para ser parte de esa operación, porque estaba camino a la transición" democrática.

El titular del Congreso, Daniel Abugattás, sostuvo que Morales Bermúdez deberá responder ante la justicia argentina, aunque indicó que le parece "exagerado" pedir la detención y extradición "de un hombre de casi 90 años". "Es un hecho gravísimo. Si efectivamente ha estado vinculado, Morales Bermúdez tendrá que ser procesado como cualquiera que ha cometido un delito. Ese es un delito de lesa humanidad y no prescribe", concluyó.