El tribunal, que había programado el juicio a partir del 20 de febrero y ahora lo suspendió sin fecha, resolvió que tanto la agresión como la actitud de los policías son "un solo hecho" y deben juzgarse en único debate. Los jueces Diego Barrotaveña, Carlos Bossi y Horacio Díaz ordenaron "priorizar" la tramitación de la prueba contra los policías, a fin de minimizar el atraso aunque fuentes judiciales estimaron que la demora no será nunca menor a un mes.

Tanto la defensa de los policías como la fiscalía fueron llamados a presentar las pruebas, tras lo cual el TOC21 fijará una fecha de inicio, a menos que las partes objeten la decisión del tribunal de acumular ambas causas.

El crimen de Mariano Ferreyra fue cometido el 20 de octubre de 2010 en el barrio porteño de Barracas, cerca de las vías del ferrocarril Roca, cuando una patota ferroviaria atacó a una manifestación de trabajadores tercerizados que reclamaban su blanqueo con respaldo de militante del Partido Obrero, entre ellos Ferreyra.

La jueza Susana Wilma López primero elevó a juicio a los diez acusados del ataque, incluyendo a los máximos jefes de la Unión Ferroviaria, Pedraza y su segundo en el gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, y al delegado de la línea Roca, Pablo Fernández. Al igual que los presuntos autores de los disparos: el barra Cristian "Harry" Favale, y Gabriel "Payaso" Sánchez, acusados de "homicidio" más tres tentativas de homicidio a otros tres baleados -Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre-, delitos pasibles de penas de prisión perpetua.

En diciembre pasado, la jueza elevó a juicio a los comisarios Hugo Lompizano, desplazado superintendente de Seguridad Metropolitana, y a su segundo Luis Alberto Echevarría; al jefe de la división Roca, comisario Jorge Raúl Ferreyra; y al principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones. Junto con Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30; Luis Mansilla, comisario inspector jefe del Departamento de Control de Líneas; y David Villalba, agente de la división de videos, están acusados de "abandono de persona agravado" seguido de muerte, con penas de hasta 15 años de cárcel.