El Tribunal Supremo español, escuchó, entre otros, el testimonio del hijo de un hombre asesinado en 1947 por su supuesta colaboración con la guerrilla antifranquista, conocida como los "Maquis". Se trata del primer relato de un asesinato cometido más de diez años después del inicio de la Guerra Civil española (1936-1939) y en plena dictadura franquista. Según detalló Antonio Solsona Nebot ante los siete jueces del tribunal, "el 4 de octubre de 1947, alrededor del mediodía, se presentó en su casa el comandante de la Guardia Civil de la zona, quien se identificó como Maximino Lobo y se llevó a mi padre y a un vecino, Manolo. (...) Nunca nos dijeron porqué se lo llevaron desaparecido", agregó Solsona, miembro de la asociación de la recuperación de la Memoria Histórica de Castellón, quien añadió que su padre no tenía ninguna relación con los "Maquis", aunque explicó que la guerrilla antifascista que operaba en la región le pidió "3 ó 4 veces comida y poco o mucho se la tuvo que dar. Supongo que por eso se lo llevaron".

Solsona afirmó que sabe que su padre está muerto pero "nunca hemos recuperado el cadáver", y que cuando denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Castellón, la justicia dijo que "habían prescripto". El testigo contó que en 1973 tuvo constancia de su muerte por un sumario de la Guardia Civil en el que decía que tuvieron que aplicarle la denominada "ley de fugas" por intentar escaparse camino al cuartel, pero "los testigos dicen otra cosa".

Antonio Ontañón, por su parte, autor del libro "Queridos padres, una vez en capilla para ser ejecutado", fruto de 30 años e investigación, sostuvo que "había una consigna: que de los rojos no quedara ni rastro", y agregó que "en aplicación de esta consigna, los que eran ejecutados a continuación eran desaparecidos. Se aplicaba la muerte física y la desaparición jurídica", aseguró el testigo. "Las ejecuciones eran a las 7 de la mañana. El capellán del cementerio de Ciriego hacía desaparecer a los ejecutados", denunció. "Después los echaban a las fosas. Se cavaban zanjas para cada 100 ejecutados. Encima echaban cal viva y luego más cuerpos", relató. "Tenemos un compromiso moral con los desaparecidos", subrayó el último testigo de este histórico juicio.

En la sexta jornada del juicio el abogadodel juez Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, incorporó en la prueba documental de la causa jurisprudencia de otros jueces que abrieron o apoyaron causas similares. Entre los 60 documentos se encuentra jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional (CPI), de tribunales nacionales que han resuelto casos sobre Yugoslavia, Líbano, la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres por orden de Garzón en 1998, y sentencias dictadas en Chile, Argentina, Perú y Venezuela.

También hay varias resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y requerimientos de la CPI sobre la investigación al dictador libio Muammar Khadafi después de "haber contemplado su muerte en la televisión". Se incluyen además declaraciones de Cruz Roja, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos o el Comité contra la Tortura. "Queremos que la justicia actúe como en cualquier crimen: cuando a alguien lo torturan, lo matan y lo abandonan en una cuneta con dos tiros en la cabeza", declaró el abogado de Garzón.