"Tomé esas decisiones sobre todo guiado por el desamparo de las víctimas que son en este tipo de crímenes el elemento principal que todo juez debe proteger", manifestó Baltasar Garzón, suspendido desde hace casi dos años de sus labores como juez de instrucción de la Audiencia Nacional española. "El tribunal del hombre, decía (el filósofo Emmanuel) Kant, es su conciencia. La mía está tranquila", concluyó el magistrado, de 56 años, frente al Tribunal Supremo, donde enfrenta la posibilidad de una condena de 20 años de inhabilitación en la Justicia, lo que implicaría el fin de su carrera.

Por su parte, la acusación a cargo del autodenominado sindicato Manos Limpias, una organización de la extrema derecha española que no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo, ratificó sus acusaciones y reiteró su pedido de que se aplique la pena máxima contra magistriado de reconocido renombre internacional por su defensa a los derechos humanos.

Garzón fue acusado de haber impulsado la investigación por la desaparición de más de 100 mil personas (durante la Guerra Civil española, entre 1936 y 1939, y durante la dictadura de Francisco Franco, entre 1939 y 1975) ignorando la Ley de Amnistía de 1977, con que los camaradas del "generalísimo" se garantizaron la impunidad.