Mié 08.02.2012

18:37  › CRISIS EUROPEA

Atenas cuenta las horas para evitar el default

El comité de acreedores privados de Grecia y los ministros de finanzas de la eurozona anunciaron que se reunirán por separado mañana, pero con un mismo objetivo: resolver cuáles serán los parámetros de negociación de la deuda soberana y la ayuda financiera por 130 mil millones euros que, respectivamente, mantendrán con funcionarios del gobierno heleno. Los anuncios dan a entender que Lucas Papademos llegará a un acuerdo con la coalición gobernante para que el Parlamento apruebe los ajustes demandados por la Comisión Europea, el Banco Central del bloque y el FMI.

La "troika" conformada por esos organismos condicionó el salvataje externo de Grecia a que los socialdemócratas, los conservadores y la ultraderecha respalden las medidas estructurales que incluyen el despido de 15 mil empleados públicos, una reducción del 15 por ciento a las jubilaciones complementarias y el recorte de un 20 por ciento del salario mínimo. La reunión entre los organismos y los ministros de finanzas para analizar esta situación será en Bruselas y estará encabezada por el presidente del eurogrupo, Jean-Claude Junker.

Por su parte, la reunión del comité de acreedores privados conformado por bancos, aseguradoras y fondos de inversión, tendrá lugar en París y allí se analizará la propuesta griega de renegociar su deuda en poco más del 50 por ciento.

El segundo rescate para Grecia prevé una ayuda financiera de 130 mil millones de euros y una condonación de al menos la mitad de la deuda griega en manos privadas, con el fin de que el país pueda reducir su deuda del 160 por ciento al 120 por ciento del PIB hasta 2020. En principio, se establecía una quita nominal del 50 por ciento para el sector privado, pero la banca ya asume que tendrá que asumir pérdidas netas del 70 por ciento sobre sus bonos para garantizar la sostenibilidad de la deuda helena.

Grecia necesita cuanto antes el desembolso de ese monto porque 20 de marzo tiene que hacer frente a un pago de 14.500 millones de euros en vencimientos de deuda y sin ayuda internacional deberá declararse en suspensión de pagos.

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