El Tribunal Supremo de España condenó a Garzón a "11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos", según la sentencia. El alto tribunal consideró que Garzón vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre los abogados defensores y sus clientes, los presuntos cabecillas de una red de corrupción que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España.

"Ahora tengo yo que pagar a Correa y Crespo", dijo Garzón en referencia a la multa de 2500 euros a la que también fue condenado. El magistrado, quien dejará de ser juez formalmente en los próximos días, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga efectiva su expulsión, tiene que correr con las costas del proceso.

"Está desolado", reconoció su abogado Francisco Baena Bocanegra. No hay segunda instancia española a la que pueda recurrir el juez, aunque sí podría acudir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El mismo tribunal concluyó la instrucción del segundo de los juicios contra Garzón, acusado por dos grupos ultraderechistas de haber querido investigar la suerte de más de 114 mil desaparecidos durante el franquismo.