Oyarbide comenzó ayer a enviar oficios a las cámaras federales de todo el país para poder hacer un inventario de las causas judiciales que involucren a los Moyano, y alguna mínima descripción. A su vez las cámaras tienen que preguntarles a todos los juzgados, un escenario que permite vislumbrar que sólo recopilar esta información básica puede llevar días.

Un año atrás, cuando llegó el exhorto de la justicia suiza, la CGT amenazó con un paro general que finalmente no llegó a realizarse, ya que el Gobierno adelantó que no se enviaría a Suiza información sobre las causas judiciales de Moyano hasta tanto ese país no brinde mayores precisiones.

Pero ayer el fiscal Jorge Di Lello sostuvo que es “suficiente” el relato ofrecido por la Confederación Helvética sobre su pesquisa, enfocada al delito de lavado de dinero, una figura compleja –advirtió– que a menudo dificulta conocer todos los datos de la maniobra bajo sospecha.

El origen del famoso pedido de información desde Suiza se vincula con el bloqueo de 1.862.000 dólares depositados en una cuenta a nombre de Ricardo Rubén Depresbiteris y su esposa, Marcela Elvira Mete, como titulares de Covelia S.A., una empresa que maneja la recolección de residuos en doce municipios bonaerenses. El dinero fue inmovilizado ante las sospechas de movimientos dudosos de dinero. Los fiscales suizos se hicieron eco de publicaciones periodísticas que vinculaban a Covelia y su crecimiento económico con Hugo Moyano y tanto al líder de la CGT como a su hijo Pablo con investigaciones penales.