A casi un año de la llegada del primer exhorto desde Suiza, el juez federal Norberto Oyarbide resolvió dar respuesta al pedido de la Justicia de ese país sobre las causas que estén en trámite contra Pablo Moyano y sus familiares, entre ellos el líder de la CGT, Hugo Moyano. Esta decisión iría a contramano del criterio de la Cancillería, que antes de dar información reclamó más detalles a los tribunales suizos sobre la investigación que ellos llevan adelante, aunque hasta ahora no hubo contestación. El juzgado se basó en la opinión del fiscal Jorge Di Lello, quien sostuvo que es “suficiente” el relato ofrecido por la Confederación Helvética sobre su pesquisa, enfocada al delito de lavado de dinero, una figura compleja –advirtió– que a menudo dificulta conocer todos los datos de la maniobra bajo sospecha.

Oyarbide comenzó ayer a enviar oficios a las cámaras federales de todo el país para poder hacer un inventario de las causas judiciales que involucren a los Moyano, y alguna mínima descripción. A su vez las cámaras tienen que preguntarles a todos los juzgados, un escenario que permite vislumbrar que sólo recopilar esta información básica puede llevar días y días. Una vez que Oyarbide tenga todo lo que espera recibir hará un informe que, a su vez, debería enviar a la Cancillería, y “ahí habrá que ver qué pasa”, acotaron funcionarios judiciales consultados.

El origen del famoso pedido de información desde Suiza se vincula con el bloqueo de 1.862.000 dólares depositados en una cuenta a nombre de Ricardo Rubén Depresbiteris y su esposa, Marcela Elvira Mete, como titulares de Covelia S.A., una empresa que maneja la recolección de residuos en doce municipios bonaerenses. El dinero fue inmovilizado ante las sospechas de movimientos dudosos de dinero. Los fiscales suizos se hicieron eco de publicaciones periodísticas que vinculaban a Covelia y su crecimiento económico con Hugo Moyano y tanto al líder de la CGT como a su hijo Pablo con investigaciones penales. A eso se sumaban las denuncias del diputado de la Coalición Cívica Walter Martello, quien sostuvo que la empresa de Depresbiteris conseguía adjudicaciones gracias a la presión de Moyano. El exhorto del Ministerio Público suizo, que firmaba la procuradora federal Maria Antonella Bino, aludía muy genéricamente a la causa de los medicamentos y los fraudes con subsidios para salud, así como al presunto blanqueo de dinero. Pedía información sobre el grupo familiar y puntualmente los expedientes en curso que los comprometan.

En un comienzo, a instancias de la Cancillería, Oyarbide pidió precisiones sobre el delito que Suiza estaba investigando. La respuesta fue “lavado de dinero”. Pero la cartera a cargo de Héctor Timerman requirió más detalles sobre los hechos bajo la lupa y nunca llegó la respuesta. El juez le pidió días atrás opinión al fiscal Jorge Di Lello, que por tratarse de un pedido de cooperación internacional, representa los intereses del Estado requirente (que formula el pedido original de datos). Ayer le entregó una carilla al juzgado en la que sintetizaba su posición. En esencia, sostuvo que el “único obstáculo” que había planteado la Cancillería originalmente para continuar el trámite era que se aclararan las “normas penales aplicables”. Según Di Lello ese punto ya está dilucidado y el relato ofrecido por Suiza es “suficiente”. Sugiere que no tiene sentido pedir más datos. “Esta parte reconoce las dificultades propias de un proceso penal por delitos de lavado de dinero que impiden, en muchos casos inicialmente, la precisión en la fecha, modo, imputados y las circunstancias en general que rodean los mismos”, afirmó. “La rogatoria en cuestión debe ser tramitada”, señaló, por estar dados “los requisitos”. El juzgado ayer mismo respaldó la postura e inició los trámites.