Bonadío, según fuentes de la causa, resolvió hacer lugar al pedido porque el servicio que presta la empresa TBA es un transporte público que “debe ser garantizado por el Estado Nacional”. En ese sentido, los informantes añadieron que otorgarle el rol de querellante al Estado "no es impedimento para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas".

El miércoles comenzaron las primera pericias de la causa, que continúan hoy. En esas medidas de prueba intervienen tres expertos oficiales: dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires y uno del cuerpo de profesionales de la Corte Suprema junto a los peritos de parte.