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El actual intendente de la localidad santafesina de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos, quien fue reelecto en octubre pasado, será el nuevo secretario de Transporte en lugar del renunciado Juan Pablo Schiavi. A dos semanas de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, Schiavi anunció su retiro mediante una carta dirigida a la presidenta, Cristina Kirchner, en la que agradeció la confianza, aseguró que su alejamiento se debe "estrictamente a problemas de salud", en referencia a la intervención quirúrgica a la que se sometió la semana pasada por una afección coronaria, y señaló que la situación actual en materia de transporte "necesita de una dedicación total y sin descanso, incompatible con mi situación actual".
En función de la renuncia de Schiavi, Cristina Kirchner designó en su lugar a Alejandro Ariel Ramos, quien en las elecciones locales del año pasado fue reelecto al frente del municipio de Granadero Baigorria, con el 73 por ciento de los votos en la lista que encabezaba el diputado nacional Agustín Rossi.
En la carta enviada a la Presidenta, el ahora exsecretario de Transporte explica que "como es de público conocimiento he sido sometido a una intervención cardiovascular del tipo angioplastia transluminal con colocación de stent y otras dos angioplastias simples en lesiones de la misma arteria, que requiere, por sugerencia médica, un período de recuperación y tratamiento específico de al menos 60 días".
Más allá de su estado de salud, Schiavi está comprometido por la investigación sobre la tragedia de Once. El lunes, el juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa por la tragedia de Once, decidió prohibirle la salida del país al secretario y al dueño de la empresa concesionaria TBA, Claudio Cirigliano. La misma restricción rige para el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; para el titular de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, y otros directivos de la empresa concesionaria, ahora intervenida.
La medida dispuesta por el juez se basó en el análisis del informe confeccionado por la Auditoría General de la Nación (AGN) acerca de la situación de las líneas ferroviarias. "Podrían tener que aclarar algo y en ese caso mejor asegurarse de que estén acá”, había indicado Bonadío.
El viernes pasado la AGN aprobó tal informe y el titular del organismo, Leandro Despouy, había explicado que se encontraron "múltiples incumplimientos por parte de la empresa en las tareas de mantención y aplicación de los fondos de los subsidios del Estado". Y había agregado que la CNRT "ha cumplido un rol importante en la aplicación de penalidades y multas", aunque "la Secretaria de Transporte no dio movimiento a ninguna de las 53 denuncias presentadas, 15 pertenecientes a líneas de TBA".
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