La medida había sido solicitada por el fiscal Jorge Di Lello en diciembre pasado, a través de un escrito de 192 páginas, en las que realizó un análisis de las operaciones mediante las cuales se habría perpetrado la defraudación a la administración pública por un monto cercano a 50 millones de pesos. El fiscal asegura tener acreditado el desvío del dinero, que la Fundación recibió del Estado nacional para la construcción de viviendas y que fue utilizado para la compra de diversos bienes a través de la empresa Meldorek, cuya propiedad se atribuye a Sergio Schoklender y Adrián Gotkin.