Durante meses Sergio Schoklender hizo lo imposible por cambiar el foco de su situación judicial: fue a hablar al Congreso, acusó al gobierno nacional, cuestionó al juez Norberto Oyarbide e intentó reflotar sus asuntos privados, pidió anular pruebas, quiso ponerse fecha de indagatoria, fustigó a su gran protectora, Hebe de Bonafini, y hasta publicó un libro. Su hermano Pablo no apareció en público, aunque proclamó su inocencia por escrito. Pero al final ninguno de los dos tuvo éxito. Así surge del dictamen del fiscal Jorge Di Lello, que los consideró pilares de una “asociación ilícita” que desde 2006 se habría dedicado a desviar fondos públicos, al menos 50 millones de pesos, que recibían las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales a través de su Misión Sueños Compartidos. El dinero, dice la fiscalía, habría sido usado por los Schoklender junto con socios, amigos y aliados para su “enriquecimiento patrimonial”. Una parte del grupo quedó involucrada en maniobras de defraudación; la otra, integrada por empresarios y financistas, en lavado de dinero. Son 67 las indagatorias requeridas en total.

Di Lello no pidió detenciones, aunque en tribunales no descartan que Oyarbide las ordene después. El juez no concretaría las citaciones hasta después de enero. La lista de sospechosos de la fiscalía incluye a la hija de Hebe, Alejandra Bonafini, a quien consideró parte del entramado. Aparece un solo ex funcionario, Enrique Rodríguez, ex titular de la Corporación Sur, ex ministro en el menemismo, investigado por una sociedad cuestionada. Si hubiera funcionarios nacionales involucrados, aclara el dictamen de 192 páginas, deberían ser motivo de estudio en otra causa, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que evalúa si las obras se hicieron y si hubo sobreprecios.

La clave de lectura para entender cómo se cambió el destino de los fondos del Programa Federal de Construcción de Viviendas del Ministerio de Planificación está, según el dictamen, en dos empresas pantalla, a cuyas cuentas iban a parar cuantiosos cheques de la fundación: Meldorek SA y Antártica Argentina. “No tenían actividad comercial acorde con los montos de dinero recibidos por la fundación” ni “daban ninguna contraprestación” por lo percibido. La plata era retirada en efectivo por los imputados o derivada a otras cuentas personales de los Schoklender o su círculo. Además, las integraban grupos de parientes y/o amigos.

A Hebe de Bonafini, como titular de Madres, Di Lello no le atribuye ningún delito. Plantea que tiene “responsabilidad civil” ya que les dio a los Schoklender un “amplísimo poder de administración y disposición” que les “permitió ejecutar las maniobras”. Quizá deba, dice, “reparar” los “daños” que surgirían de las causas civiles y pedidos de quiebra de acreedores.

Di Lello señala el impacto “político” del caso, repasa la trayectoria de las Madres y analiza cada una de las operaciones irregulares detectadas en informes del Banco Central, de la Policía Federal y reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF), a su vez analizados por el fiscal antilavado Raúl Pleé. En el caso de los Schoklender, señala que su nivel de ingresos como empleados de Madres (6000 pesos Sergio, Pablo algo menos) no se condice con el volumen de transferencias que manejaban. Sergio, recuerda, había sido declarado en quiebra.

Cuentas millonarias

Los hermanos Schoklender, como apoderados, abrían y administraban cuentas de la fundación donde recibían los fondos del Estado con cheques de la entidad y a veces efectivo. Pero, según el fiscal, el dinero no quedaba ahí sino que lo transferían a cuentas propias o lo retiraban cash. Pablo Schoklender, apunta, llegó a traspasar de una cuenta de Madres en el Credicoop a otra suya en el mismo banco 13.333.685 pesos repartidos en veintidós operaciones. Estima que “provenían del pago de fondos públicos” para Sueños Compartidos. Sergio también habría recibido tandas cuantiosas, 100 mil a 300 mil pesos. Otra cuenta investigada estaba en el Banco Santiago del Estero y otra en el Banco Ciudad, con siete millones en duda.

Antártica, presidida por Gotkin y “carente de actividad comercial real”, activó una cuenta en febrero de 2009 en el Banco Supervielle, que recibió 5,1 millones de pesos, la misma cifra que salió. La mayoría eran depósitos de cheques de Madres de Plaza de Mayo y de Pablo Schoklender. Eran retirados, muchos, como cheques de caja. La UIF denunció que la cuenta no cerraba con el “perfil de cliente” de Gotkin, en cuyas cuentas personales aparecieron otros 2,3 millones.

Meldorek, la máscara

El contrato de Meldorek SA para ocuparse de las construcciones de las viviendas sociales con paneles móviles es “ideológicamente falso” según Di Lello. La empresa es mayoría de Sergio Schoklender y un diez por ciento, de su piloto privado Gustavo Serventich. El titular, Gotkin. Más allá de que se discute si es verdadera o falsa la firma de Hebe de Bonafini en el convenio, la fiscalía dice que fue una máscara para “materializar el desvío de fondos”. Meldorek sólo tenía ocho empleados y los que trabajaban en las obras “lo hacían como dependientes de la fundación”. El contrato se usó para abrir una cuenta en el Banco Supervielle, que recibió desde 2010 21,5 millones de pesos. No con cheques de Madres sino de empresas de cualquier rubro. La hipótesis de Di Lello: “Los fondos fueron reducidos mediante cheques hacia empresas que negociaron los valores dando como contrapartida su conversión en efectivo”.

Schoklender, en teoría, compró Meldorek porque le interesaban dos aviones a su nombre. Uno de más de un millón de dólares, otro de medio. Uno de los dueños originales, Daniel Laurenti, conecta la pesquisa con el presunto lavado de dinero. A través de la financiera Monetización, dice la fiscalía, cambiaba cheques de la fundación, lo que facilitó que se perdiera el rastro a los fondos. Serán indagados por lo mismo Fernando Caparrós Gómez, Jorge Fidalgo y Ricardo de Falco.

En el circuito por donde habría transitado el dinero de Madres aparece también una cadena de sociedades que integran los mismos imputados, como la productora Habemus, el laboratorio Lenity (ligadas a Pablo), la empresa de seguridad Setek SA y Sky Performance (vinculadas con Gotkin). Hay dos en el rubro inmobiliario: Vicasa SA, de la esposa de Schoklender, Viviana Sala Carolina Gentile, y Serventich, y Construcciones Calificadas, por la que están implicados Hugo Gallardo, Patricia Alonso, Rodríguez y Manuel Camet.

Inmuebles, aviones, barcos, gastos

Meldorek adquirió cinco inmuebles en 2010. Uno de ellos, un departamento de 25 mil dólares, se lo compró a Alejandra Bonafini, por lo que terminó involucrada, aunque agravó su situación el reporte de operaciones sospechosas de la UIF por el volumen de dinero (235 mil pesos) que pasó por su cuenta, incongruente con sus ingresos. Varios inmuebles de Meldorek fueron puestos a la venta justo cuando comenzó a avanzar la causa judicial. La firma pagó el año pasado un barco, “Areté”, por 420 mil dólares, que según el dictamen usaba el mayor de los Schoklender; compró otro barco, Sirus, que pasó a Caparrós; compró las camionetas Citroen Berlingo que usaban las Madres creyendo que estaban a nombre de ellas; y aseguró una Ferrari. En el análisis patrimonial de los imputados, Di Lello advierte que su aumento y nivel de gastos es “consecuente con el perjuicio patrimonial que se les endilga”. Por caso, Sergio habría tenido más embarcaciones, motos y gastos de vacaciones en la nieve por 46.800 dólares.

Todo terreno

La compra de más de 15 lotes en José C. Paz (incluida la famosa quinta de 19 habitaciones) en transacciones de 65 mil, 90 mil y 80 mil dólares, que Sergio Schoklender dijo suscribir en nombre de Antártica, es señalada por Di Lello. El ex apoderado “no tenía ni tiene vinculación” documentada con Antártica, un sello de goma. Se presume, agrega, “el origen espurio de los fondos” con que las adquirió.

Desvío de materiales

La investigación confirmó que en el barrio El Patacón, en Pilar, por lo menos ocho terrenos pertenecen a personas del entorno de los Schoklender (el propio Pablo, Sala y directores de Sueños Compartidos) y en varios de ellos las casas están hechas con los paneles usados por Madres para las viviendas sociales. En El Remanso, en Exaltación de la Cruz, se detectaron chalets hechos con esos materiales, que habrían sido ofrecidos al mercado por Construcciones Calificadas. La escuela Jean Piaget, ligada a Sergio Schoklender, también habría recibido paneles para sus refacciones.

Schoklender & asociados

El fiscal advierte que la “magnitud” del “monto desviado” “es de relevante entidad probatoria” y tratándose de “dinero de la fundación”, “merece una custodia más fervorosa” ya que representa “intereses de la comunidad”. “Los imputados formaban una organización numerosa y compleja destinada a cometer delitos”, dice: una “asociación ilícita”. A quienes trabajaron para la fundación les imputa fraude contra la administración pública; a los que recibieron o “recircularizaron activos”, lavado de dinero.