El gobierno boliviano había recuperado con anterioridad el sector de generación integrado a la cadena eléctrica controlada por la firma española por lo que el decreto firmado por Morales completa la expropiación sobre el área de transmisión y distribución. La empresa nacionalizada estaba a cargo de 1.961 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad y de 22 subestaciones en Bolivia.

La transportadora había quedado conformada en el 2002, cuando la firma española le compró a Unión Fenosa, también de España, por 74 millones de dólares las acciones que poseía y que había adquirido en 39,9 millones en 1997, dentro del proceso de privatizaciones.

La decisión de Evo se produce a días que el Congreso argentino convierte en ley el proyecto del Ejecutivo para expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de la española Repsol.