Durante una conferencia organizada por la OIT y la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares, Somavia, de nacionalidad chilena, señaló el impacto "multidimensional" de las medidas de protección social porque "protegen, capacitan, facilitan el ingreso de las personas al mercado laboral y funcionan como estabilizadores económicos". También sostuvo que para los grupos más vulnerables la protección social tiene un impacto inmediato sobre la vida y la economía, en tanto la reducción de impuestos, por el contrario, beneficia sobre todo a los más ricos y privilegiados, pero no genera demanda.

El funcionario describió la creciente polarización que se observa en diferentes contextos y convocó a producir nuevos enfoques políticos y al fortalecimiento del diálogo social en procura de ofrecer nuevas y más equilibradas soluciones. "La crisis mundial parece haber entrado en una nueva fase. Algunos gobiernos, bajo la presión de los mercados financieros, se ven obligados a adoptar planes de austeridad de forma precipitada, sin consultar y con costos sociales excesivos. Ya se observaron las consecuencias negativas en términos de huelgas, protestas, deterioro del clima social y mayor conflicto", apuntó.

En Europa, las medidas de ajuste "adoptadas para reducir los déficit presupuestarios insostenibles tuvieron efectos adversos, agregó Somavia, para quien existe una distancia cada vez mayor entre los ciudadanos y los gobiernos. También subrayó que los pisos de protección social serán indispensables para avanzar hacia modelos de crecimiento inclusivos y equitativos, y enfatizó que los países en desarrollo que invirtieron en ese sentido emergieron más rápido de la crisis.

La 101 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), a realizarse entre el 30 de mayo y el 15 de junio próximo en Ginebra, adoptará una Recomendación sobre pisos de protección social nacionales. Somavia reseñó que en 2011 se acordó que las políticas a favor de un piso de protección social deberían orientarse a facilitar el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos y a promover la actividad económica productiva, y ser implementadas en colaboración con otras estrategias encaminadas a incrementar la empleabilidad, reducir la informalidad y precariedad, crear trabajo decente y promover iniciativa empresarial.

"Si es adoptada por la Conferencia, la Recomendación contribuirá a traducir ese concepto en realidad al establecer un marco común para su aplicación", afirmó.