15:51 › AZúCAR AMARGO
El exadministrador del ingenio, Alberto Lemos, acusado de haber participado de "La noche del apagón", en julio de 1976, durante la cual fueron secuestrados y torturados decenas de obreros de la empresa, se negó a declarar en el Juzgado Federal 2 de Jujuy, a cargo de Fernando Poviña, mientras los abogados del presidente de la compañía, Carlos Pedro Blaquier, adelantaron que su defendido no podrá comparecer "por razones de salud", ya que estaría bajo tratamiento médico fuera del país.
Más temprano, Oscar Alfaro, quien fue secuestrado en "La noche del apagón" junto con su padre y su hermano, de entonces 14 años, había calificado las citaciones como "históricas", y había destacado la actuación del juez Poviña, quien en menos de dos meses allanó la empresa Ledesma y resolvió las indagatorias de Lemos y Blaquier para determinar las responsabilidades de lo ocurrido en 1976 en Libertador San Martín y en la localidad aledaña de Calilegua.
Carlos Olivera Pastor, el juez anterior, en cambio, fue severamente cuestionado por los organismos de Derechos Humanos y por el Fiscal general, Jorge Auat, ya que los acusados en la causa por el secuestro de más de 400 personas no habían sido citados a declarar nunca.
Para Alfaro, ex preso político y exiliado después en Noruega, "lo peor es el caso de del exdirector técnico de los Talleres de Perico, Kairuz, quien participó en el secuestro de Luis Aredez (intendente de Libertador San Martín, aún desaparecido) y en diez años no lo llamaron ni una vez a indagatoria. Hay pruebas, testigos, él mismo lo dice y no pasa nada".
El martes pasado, en tanto, Inés Peña y Martha Alcoba, entre otros, presentaron en Buenos Aires un reclamo por el espionaje ilegal llevado a cabo por la empresa Ledesma en la conmemoración de la Marcha del Apagón de 2005. En una visita al Ministerio de Seguridad de la Nación, hicieron una denuncia y una copia del hábeas corpus colectivo que prepararon por todas las personas investigadas por la compañía. Los papeles aparecieron en los allanamientos que ordenó el juzgado el 26 de abril pasado en las oficinas ligadas al consorcio de Blaquier.
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