El exmagistrado, quien huyó a Chile el 24 de agosto pasado después de haber sido citado a indagatoria por su complicidad con la represión ilegal en Mendoza mientras se desempeñó como fiscal provincial, solicitó refugio en Chile en septiembre, pedido que le permitió recibir un visado temporal de ocho meses. La Argentina reclamó, entonces, su extradición y, el pasado 24 de febrero, la Corte Suprema de Chile ordenó su detención y decretó su arresto domiciliario nocturno mientras se desarrollaba el proceso de extradición que, según fuentes de la Cancillería trasandina, "siempre se tramita de manera confidencial".

Una vez rechazado el asilo diplomático, la Corte Suprema de Chile debe resolver si acepta o no la extradición reclamada por la justicia argentina. En caso afirmativo, Romano debería regresar a la Argentina. En cambio, si la Corte rechaza su extradición, Romano podría vivir en territorio chileno en calidad de extranjero, aunque sin la condición de asilado político.