El empresario llegó esposado a los tribunales de Comodoro Py por estar privado de la libertad e imputado bajo los cargos de estrago, asociación ilícita y administración fraudulenta en la causa que investiga los motivos de la tragedia del 22 de febrero pasado. Su declaración se sumó a la de los tres ejecutivos que ayer fueron indagados por Bonadío, todos acusados, además, de intentar "obstruir la Justicia" mudando, ocultando asientos contables y destruyendo documentación de la compañía.

El juez sospecha que tanto Claudio Cirigliano, el presidente de TBA, Carlos Ferrari; el gerente administrativo, Darío Tempone; y el director de administración, Daniel Rubio, se llevaron papeles vinculados al destino de los fondos que de parte del Estado nacional en concepto de subsidios, algo que negaron los tres que declararon ayer. Sus abogados dijeron que hasta habrían dado los datos sobre donde estaría esa documentación y, a raíz de ello, fueron allanados ayer los depósitos de la empresa Emfer, también del grupo Cirigliano y encargada del material rodante de las formaciones.

No obstante, Bonadío le informó a Cirigliano que aun así seguirá detenido por ese mismo motivo, que se trata de esclarecer. Durante las dos horas que duró su declaración, el empresario estuvo asistido por su abogado defensor Juan José Sforza, hizo una exposición oral, pero se negó a contestar preguntas y anunció que ampliará su declaración más adelante.

Por su parte, el maquinista Córdoba volverá a declarar mañana en la causa y el viernes se cerrarán las indagatorias con el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Córdoba declaró al inicio de la causa que el día de la tragedia intentó frenar el tren pero los sistemas no le respondieron, pero la pericia mecánica concluyó que tres de los cuatro frenos funcionaban.