Los arrestos alcanzaron además a Julio Yessi, exjefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), Raúl Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte y Rubén Pascuzi, policía federal retirado, y al excabo bonaerense Norberto Cozzani, quien ya cumple prisión preventiva en la causa del Circuito Camps. Los siete exmiembros de la extrema derecha del peronismo y excolaboradores del fallecido ministro de Bienestar Social, quienes permanecen detenidos en el penal de Marcos Paz, fueron acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados por la Alianza Anticomunista Argentina entre 1973 y 1976. El juez federal Norberto Oyarbide los indagó como presuntos organizadores de la "asociación ilícita" (Triple A), que acopiaba su arsenal en los sótanos del Ministerio.

En el marco de la misma causa, el juez pidió a España la extradición de la expresidenta, María Estela Martínez, viuda de Perón, residente desde 1981 en Madrid y muy vinculada a la familia del fallecido dictador ibérico, Francisco Franco, pero la justicia española denegó la solicitud.

El resto de los acusados fallecieron: López Rega, los policías federales Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón –sindicado como el autor material del asesinato del sacerdote Carlos Mujica en 1974-, Miguel Angel Rovira y el periodista Felipe Romeo, exdirector de la revista ultranacionaliasta El Caudillo.

Entre los hechos que investiga Oyarbide figuran los asesinatos del exdiputado Rodolfo Ortega Peña, del exsubjefe de la Policía bonaerense, Julio Troxler, y del hijo de tan sólo 6 meses de edad de Raúl Laguzzi, exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La primera víctima de la Triple A fue el entonces senador radical Hipólito Solari Irigoyen, quien en 1973 sufrió heridas en las piernas y salvó su vida de milagro luego de que estalllara una bomba colocada debajo de su coche. A partir de allí las AAA cometieron alrededor de 700 atentados contra diferentes dirigentes políticos y sociales, referentes de la cultura y de los incipientes organismos de derechos humanos. Mercedes Sosa, Luis Brandoni, Marta Bianchi, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer y tantos otros debieron exiliarse luego de recibir amenazas de muerte.

A mediados de 1975, en medio de protestas populares por el plan económico denominado Rodrigazo, López Rega abandonó el gobierno y fue enviado por Isabelita a vivir a España, como embajador plenipotenciario, junto con Morales y Almirón. La causa judicial en curso se inició hace 37 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizani Goñi, y en 1989 se cerró luego del fallecimiento de López Rega. El 2 de febrero de 2007 fue reabierta por Oyarbide.