Dom 10.06.2012

19:56  › CIUDAD DE BUENOS AIRES

Con el fantasma de la UCEP

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que recibió muchas denuncias de prácticas de violencia y persecución a personas que viven en las calles porteñas y adelantó que en los próximos días presentará un informe sobre esta situación. "Tenemos muchas denuncias, por lo que nosotros llamamos ‘la nueva UCEP’. Si bien no es el mismo cuerpo, usa la misma metodología. Son funcionarios del Ministerio de Espacio Público que concurren con la policía y un camión de CLIBA", denunciaron. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, está imputado por ataques y vejámenes que sufrieron personas en situación de calle por parte del organismo oficial de triste fama.

En la causa que lo tiene como imputado, Macri había sido sobreseído en diciembre por la jueza a cargo de la causa, pero la Sala I de la Cámara del Crimen declaró nulo el sobreseimiento a fines de abril. La decisión fue unánime aunque los jueces se dividieron a la hora de argumentar. Los camaristas Jorge Rimondi y Luis María Bunge Campos consideraron que el sobreseimiento de Macri “no supera el control negativo de razonabilidad y logicidad, por lo que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido” ya que no se investigó si apañó las agresiones de la UCEP. Por su parte, Alfredo Barbarosch también votó por anular el sobreseimiento al calificar la decisión de “prematura”, porque hay en la causa “circunstancias que no han sido debidamente acreditadas”.

El jefe de Gobierno no está solo en la causa. Lo acompañan como imputados el exministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo --en la actualidad a cargo de la empresa estatal porteña de subte-- y unos treinta agentes de la patota. La jueza de instrucción María Fontbona de Pombo declaró la “falta de mérito” para todos, por lo cual siguen vinculados a la causa y deben ser investigados. Pero Macri fue beneficiado con el sobreseimiento. El fiscal no apeló, pero sí lo hizo el abogado Adrián Albor, patrocinante de dos de las víctimas de la UCEP, Graciela Cisneros y Carla Baptista.

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