Según informaron fuentes judiciales, la medida, que incluye embargos por 200 mil pesos para Pedraza y Aráoz de Lamadrid, fue adoptada por el juez de instrucción Luis Rodríguez, quien también procesó a Luis Ameghino Escobar, exempleado de la Cámara de Casación, y al contador del gremio ferroviario, Angel Stafforini.

La causa se inició en enero de 2011, cuando la jueza de instrucción Wilma López, a cargo del sumario por el homicidio de Ferreyra, consideró que de las escuchas telefónicas obtenidas en esa pesquisa, podría surgir que Araóz de Lamadrid ofrecería a camaristas de casación dinero aportado por Pedraza --a través de Stafforini-- para lograr su excarcelación y la de otros detenidos por el asesinato.

Escobar actuaría, como empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal, para que cuando al tribunal le tocara intervenir en el expediente, resultara ser la Sala III la que resolviera los recursos contra los procesamientos y prisiones preventivas.

Un allanamiento en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid permitió el secuestro de 50 mil dólares, que el letrado justificó como honorarios. El dinero estaba ordenado en cinco fajos de billetes, tal como habían sido retirados por Stafforini de la sucursal Montserrat de un banco privado.

Según consigna el fallo de Rodríguez, Pedraza tomó la decisión de efectuar los pagos necesarios y también resolvió que el dinero saliera de las arcas de la UF y de la compañía Belgrano Cargas, donde Stafforini es vicepresidente.

Además, el juez Rodríguez indicó que Aráoz de Lamadrid, como exempleado, y Riquelme, por sus actividades, mantenían relaciones personales con el camarista de casación de la Sala III, Eduardo Riggi.

El magistrado consideró que, desde un comienzo, los procesados emprendieron "la materialización de las maniobras urdidas con el consabido designio de lograr la intervención" por parte de Riggi y luego, a través del conocimiento preexistente de Aráoz de Lamadrid con él, "influenciar o tratar de influenciar sobre su espíritu para encarrilar el asunto que harto comprometía a Pedraza".

Con respecto a quienes podrían haber sido receptores de los sobornos --los camaristas Riggi, Mariano González Palazzo y el exmagistrado de Casación, Gustavo Mitchell--, Rodríguez remarcó que en el sumario no existen "elementos objetivos" que los vinculen con los hechos investigados.