José Pedraza está siendo juzgado por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra.
Imagen: Rafael Yohai.

El dirigente de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, se negó a declarar como sospechoso de haber intentado sobornar a jueces de la Cámara de Casación Penal para que dejaran en libertad a la patota acusada de haber matado a Mariano Ferreyra y para evitar quedar él mismo involucrado en el asesinato. La presunta maniobra fue descubierta sorpresivamente en el transcurso de la investigación del homicidio del militante del Partido Obrero, en el verano de 2011, a través de las escuchas telefónicas que se estaban realizando y que llevaron a abrir una causa aparte. Los investigadores llegaron a detectar la entrega de 50 mil dólares atribuida al contador del gremio, Angel Stafforini, en el estudio del ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien defendía a uno de los matones detenidos y oficiaba de nexo con Casación. El abogado de Pedraza planteó ayer la nulidad de la indagatoria y pidió su sobreseimiento. En teoría, el juez Luis Rodríguez debería tomar una resolución a más tardar en diez días.

El 24 de enero de 2011 –tres meses después del asesinato de Ferreyra– Pedraza, que aún estaba en libertad, recibió un curioso mensaje en su contestador: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”. Era la voz de Juan José Riquelme, un agente de la Secretaría de Inteligencia que solía prestar servicios de lobbista. Le aclaraba que debía pagar dólares, no pesos. Según se deducía de las conversaciones previas y posteriores la entrega del dinero –que regateaban entre 50 y 85 mil dólares– tenía doble finalidad: asegurarse de que el expediente del homicidio de Ferreyra le tocara a la Sala III de Casación y comprar la voluntad de los jueces. “Si no llegás nosotros ponemos la diferencia y después lo recuperamos...”, le decía Pedraza a Stafforini.

Así pintó la trama el fiscal Sandro Abraldes cuando pidió por primera vez la indagatoria de Pedraza en mayo de 2011 por posible cohecho y tráfico de influencias. Uno era Riquelme, quien en los diálogos describía vistas a jueces de Casación e incluso hablaba por teléfono con uno de ellos, Eduardo Riggi, a quien llamaba “el amigo Eduardo”. También mencionaba “atenciones” a Gustavo Mitchell (quien renunció) y buscaba tratativas con el subrogante Mariano González Palazzo. Aráoz de Lamadrid –quien había actuado como defensor del picaboletos Guillermo Uño– fue secretario de Riggi por años y se contactaba con otro de los implicados, Luis Ameghino Escobar, el empleado de Casación que se ocupa del sorteo informático de expedientes, a quien mencionaban como “el señor de las teclas”.

Aráoz y Ameghino intercambiaron mensajes apenas el caso fue asignado a la Sala III, novedad que Aráoz informó a Riquelme, para que luego Stafforini dejara supuestamente los 50 mil dólares en su estudio en un sobre rotulado “Octavio”, incautado por la Policía Federal minutos después. Ese día Stafforini había pasado por su caja de seguridad en la sucursal Monserrat del Banco Galicia. Se fue con un maletín.

Con el traslado de Pedraza ayer al juzgado de Rodríguez terminó la ronda de indagatorias. Su defensor, Carlos Froment, sostiene que como las escuchas están incorporadas al juicio oral donde Pedraza es juzgado como instigador del asesinato de Ferreyra, se lo estaría juzgando dos veces por lo mismo. Las indagatorias debían empezar en diciembre pasado, pero diversos artilugios legales las demoraron. El primero en presentarse fue Riquelme, que no declaró. Aráoz lo hizo dos semanas atrás. Dijo que el gremio le debía dinero por asesorar a Belgrano Cargas (como 370 mil pesos de una factura incautada a nombre de Belgrano Cargas) y que para cobrarlo trataba de permanecer “cerca”. Con Ameghino reconoció una amistad y los mensajes de texto. Dijo que Riquelme se presentaba como asistente de Pedraza y le parecía un fabulador. Los 50 mil dólares dijo que son de su hermano. Ameghino aseguró que es imposible manipular el sorteo de causas. Reconoció contactos y un encuentro con Aráoz, que atribuyó a razones ajenas al caso. Stafforini despegó su paso por el Banco Galicia (que vinculó con asuntos familiares) de su visita al estudio de Aráoz. “No entregué suma alguna”, se defendió. A Riquelme, por ser mayor de 70 años, le harán recién ahora una pericia psiquiátrica.