Estas afirmaciones se suman a la presentación, que realizó el pasado 14 de septiembre el Gobierno, para una reforma del Código Penal que endurece las penas para determinadas acciones en el marco de manifestaciones. Cifuentes defendió la idea de "modular" la norma para "racionalizar el uso del espacio público" y sostuvo: "No puede ser que en Madrid coincidan diez manifestaciones a la vez en el centro. Los comerciantes están desesperados", sin contemplar las causas de las 2.200 manifestaciones que se realizaron durante 2012 en Madrid.

Las centrales obreras mayoritarias y cientos de organizaciones sociales volverán a manifestarse el 7 de octubre, mientras se estudia la convocatoria de una nueva huelga general en España antes de Navidad y el movimiento de los indignados lanzó una propuesta global para el 13 de octubre (13-O).

La dirigente del PP recibió fuertes críticas en los últimos días tras intentar instalar la idea de que las protestas contra el ajuste son "golpistas", al sostener que grupos "neonazis" participan del movimiento social que convocó la protesta "25-S. Rodea el Congreso".

Cifuentes plantea la restricción del derecho de manifestación como una cuestión de orden público: "El derecho a manifestarse debe compatibilizarse con el derecho a circular, para que no haya incidentes", sostuvo.

Si bien reconoce que el derecho de manifestación es "constitucional" y "no necesita autorización previa", la delegada del gobierno se amparó en que la ley es de 1983 y, por lo tanto, "tiene muchos años".

Por último, Cifuentes volvió a defender la represión de la protesta del 25-S (25 de septiembre), que se saldó con 64 heridos y 35 detenidos: "Llamaban a ocupar el Congreso y la policía preservó el Estado de Derecho", argumentó.