Oyarbide se había apartado del primer caso, la denuncia que radicó la despachante de Aduana Paula De Conto por "amenazas, coacciones, malos tratos, abuso de poder, violencia de género y exigencias indebidas", aduciendo "violencia moral" luego de haber sufrido un "cacerolazo" frente a su casa, y el caso había pasado a Rafecas, quien entendió que las excusas de Oyarbide eran "inadmisibles" y advirtió que aceptarlas implicaría avalar el apartamiento de un juez por "cualquier protesta de relativa magnitud o intento de amedrentamiento que reciba un magistrado". "Si desde el Poder Judicial se admiten este tipo de apartamientos, dejaríamos librada la estabilidad de un juez en el marco de un proceso en manos de las personas o grupos que puedan estar interesados en que -según el caso- la causa avance o se paralice, y en la efectividad en amedrentar o alterar la tranquilidad del magistrado interviniente", agregó. "Por esta vía -advirtió-, estaríamos generando un nuevo método de Forum Shopping dado que la metodología se podría repetir hasta que el caso llegue a manos de un juez que satisfaga las expectativas de los activistas de turno", advirtió Rafecas en su resolución.

Pocos días después del primer episodio, el Ministerio de Justicia denunció ante la justicia federal que el secretario de Comercio Interior había sido "víctima de amenazas de muerte con tono mafioso e instigación a la violencia", de parte "de un grupo organizado de personas que, a través de Internet, están difundiendo un afiche digital que incluye la figura del funcionario en un féretro, con una herida de bala en la frente", y la causa también recayó en el juzgado de Oyarbide por sorteo. El juez, en esa oportunidad, entendió que debía excusarse porque ambos casos, con Moreno como protagonista, estaban relacionados, pero su colega Lijo también rechazó sus argumentos. "La sencilla aceptación por mi parte de la inhibitoria planteada por el Dr. Oyarbide importaría ciertamente la alteración de principios constitucionales fundamentales, con la consecuente gravedad institucional que ello traería aparejado, al consentir que un juez puede ser 'desplazado' de una investigación por un reclamo público", sostuvo Lijo.

Según señaló, "de aceptarse ello, se estaría otorgando a las partes un poder de hecho para separar según su arbitrio al juez interviniente, con olvido de la garantía constitucional del 'juez natural' -por otra parte, la garantía de imparcialidad es para las partes, es decir, opera en su beneficio-".