Según el tribunal de la capital de Los Abruzos, los sismólogos y funcionarios de protección civil informaron a la población que vivía en los alrededores de la zona afectada por el terremoto de forma "inexacta, incompleta y contradictoria" sobre los peligros de un sismo.

Una comisión sismológica se reunió una semana antes de la tragedia, ocurrida el 6 de abril de 2009, que provocó la muerte de 309 personas y dejó sin techo a decenas de miles de vecinos, no fue capaz de dar la voz de alerta. Los investigadores, que habían advertido que en caso de condena ningún científico se atrevería a opinar en el futuro sobre ningún fenómeno natural, alegaron que hasta ahora no es posible predecir grandes terremotos científicamente.