La iniciativa oficial fue convertida en ley por la Cámara de Diputados, tras obtener 140 votos a favor, 83 en contra y una abstención. El texto establece, entre otras cosas, un plazo máximo de 15 días a partir del accidente para que el trabajador cobre la indemnización correspondiente y dispone que cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo, el damnificado percibirá junto con la indemnización acordada, otra adicional por cualquier otro daño no reparado, equivalente al 20 por ciento de la primera suma. En caso de muerte o incapacidad total, la indemnización adicional nunca será inferior a 70 mil pesos.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren, afirmó estar "seguro" de la constitucionalidad de la nueva ley, puesto que le da al trabajador la posibilidad del "acceso a la Justicia". "No hay que politizar este debate. Acá se trata de 800 millones de dólares por año que salían de las empresas y no iban a los trabajadores", señaló De Mendiguren, para quien el objetivo de la ley "es evitar el juicio".