19:50 › CRISIS EN ESPAñA
Un día después de que el gobierno reconociera que uno de cada cuatro españoles está desempleado y que, no obstante, ejecutará nuevos recortes en el presupuesto 2013, miles de personas convocadas a través de las redes sociales por el movimiento de los "indignados" recorrieron las calles de la capital española para repudiar las medidas del gobierno de Mariano Rajoy, tomadas por consejo del FMI y la Unión Europea. "No nos mires, únete", gritaba la multitud.
La protesta, que no cuenta con autorización oficial, tiene lugar a un mes de la primera movilización convocada por la Coordinadora 25-S en la que la policía reprimió duramente a los manifestantes, deteniendo a 35 e hiriendo a 64. Esta vez, el gobierno madrileño volvió a desplegados un fuerte operativo en las calles para evitar que se rodeara el Congreso de Diputados.
"No nos representan" y "No debemos, no pagamos" fueron algunas de las consignas de los españoles nucleados en torno a la Fuente de Neptuno, sobre el Paseo del Prado, no muy lejos del Congreso, para quienes el nuevo presupuesto es "injusto" y llevará "a la opresión y la miseria en el país".
"Soy de abajo, del pueblo. Estoy aquí porque nos quitan todo, la sanidad, la educación, las casas", contó Sabine Alberdi, una manifestantes de 50 años, en referencia a los recortes presupuestarios y el aumento de los desalojos de propietarios que no pueden pagar las cuotas inmobiliarias que adeudan. "La situación es insostenible", añadió y agregó: "Trabajo como autónoma, me afectan muchísimo los recortes porque si la gente no tiene dinero, tengo menos clientela".
Desde hace un mes, el movimiento de los "indignados" se manifiesta en los alrededores del Congreso de los Diputados con el objetivo de rodearlo para evitar, de manera simbólica, el ajuste presupuestario de 39 mil millones de euros previstos para el año próximo.
En total, el gobierno de Mariano Rajoy prevé un "ahorro" de 150 mil millones de euros entre 2012 y 2014 para sanear las cuentas públicas, afectando así a los salarios de los empleados públicos y de las prestaciones por desempleo, y produciendo un suba de impuestos (entre ellos del IVA), además de recortes en sanidad y educación.
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