Los cargos que el Gobierno había presentado ayer contra Armella fueron “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, delitos con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Y el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura fue por “palmario mal desempeño”, ya que el juez “ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”.

Luis Armella había sido denunciado en sendas notas publicadas entre agosto y septiembre pasados por Página/12 en las que se dio cuenta de que un grupo de cinco empresas presuntamente vinculadas con el magistrado obtuvieron contratos millonarios por adjudicaciones hechas sin licitación, debido a la urgencia que demandaban las tareas de saneamiento.

Hace poco más de un mes, el máximo tribunal le pidió a Armella que dé explicaciones acerca de esas denuncias. Luego, la Auditoría General de la Nación confirmó las denuncias y confirmó que la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) firmó convenios a través de las empresas estatales Ceamse y AySA. Inclusive se ofreció información que pone en evidencia que empresas que resultaban adjudicatarias están asociadas entre ellas y cuentan en su conformación accionaria con familiares de Armella.

La AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA, Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini; su suegro Francisco Alberto Groba; y el tío de su pareja, Aníbal Carlos Nietzel.

Hasta la presidenta Cristina Kirchner se había referido al caso al advertir que Armella tenía frenada la obra de la autopista Perón. Los documentos provenientes de la propia Acumar muestran un mismo modus operandi que se repite: el juez intima a la Autoridad, bajo apercibimiento de aplicar sanciones graves, a que realice determinados proyectos y además le fija un plazo. Amparada por esa presión, la Acumar omite el llamado a licitación y las obras terminan siendo otorgadas a empresas cercanas al mismo magistrado que ordenó tales emprendimientos, con valores de costo que en algunos casos llegan a implicar tres veces más que los precios de mercado.