"Espero que podamos hablar el lunes de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables", anunció el mandantario. El Consejo General del Poder Judicial advirtió que la situación es "alarmante" y denunció que los bancos gozan de un "procedimiento privilegiado y extremadamente agresivo" para cobrar sus deudas de forma rápida.

En tanto, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó ayer --en respuesta a un caso particular-- que la normativa española que regula los desalojos "incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas".

La gota que rebalsó el vaso de la situación que viven miles de españoles fue el suicidio de Amaya Egaña en la localidad de Barakaldo, Bizkaia. La nueva víctima, esposa de un exconcejal socialista, se subió a una silla y se lanzó desde el cuarto piso del inmueble en el que vivía.

El hecho ocurrió a las 9,20, cuando una comitiva judicial se presentó en el edificio ubicado en el número 11 de la calle Escuela de Artes y Oficios de Barakaldo para ejecutar la orden de desalojo. Al parecer, la mujer abrió la puerta del edificio a los agentes judiciales y luego se lanzó por la ventana antes de que estos ingresaran a su departamento.

Tras conocer la terrible noticia, el alcalde la Barakaldo, Tontxu Rodríguez, acompañado de varios concejales se desplazó al lugar, donde también se concentraron varios miembros de la plataforma Afectados por la Hipoteca (APH).

Por su parte, el portavoz de "Stop Desahucios", afirmó luego de tener conocimiento de la tragedia que los afectados y amenazados por los desalojos están "totalmente rotos y destrozados". El pasado 25 de octubre, un hombre de 54 años, se ahorcó en la sureña ciudad de Granada, también antes de ser desalojado por impago.

"La ciudadanía está en un estado de depresión, los jueces están muy enfadados y los psicólogos desbordados porque la gente no puede dormir", añadió el activista. Los desalojos por impago de hipotecas o alquiler se convirtieron en un verdadero drama social en España, ya que supone la condena de miles de familias a la exclusión. Entre 2006 y 2011 se produjeron 396.943 ejecuciones hipotecarias, de acuerdo con un reciente informe del CGPJ. Sólo en el segundo trimestre de este año el número de desalojos ascendió a más de 18 mil.