La acción penal fue interpuesta por los abogados del Grupo Clarín el jueves pasado, a través de un escrito de 35 páginas. Allí sostienen que los dichos de los acusados pueden incitar "a la violencia colectiva" contra la empresa y contra sus directivos.

En el escrito, los abogados estiman que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado, que expresa: "Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

La denuncia contra Roberto Caballero, por ejemplo, se fundamenta en un textual extraído de su participación en el programa 6,7,8 de la Televisión Pública del 4 de octubre último en relación a la protesta de Prefectos y Gendarmes. En esa oportunidad, el periodista opinó que la protesta se enmarcaba en "un intento de desestabilización", y explicó que "forma parte de una estrategia de incendio de la calle que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre".

En cuanto a Russo, el escrito presentado afirma textualmente que "luego de los conocidos 'cacerolazos' del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 6,7,8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: 'Son las cacerolas de Clarín' y agregó 'en este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno'. Luego continuó diciendo 'en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?'"

Algo similar ocurre con el periodista deportivo y relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente, a quien acusan por haber dicho, en medio de un partido: "Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0 - Quilmes 0. Fútbol para todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo: Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre".

La denuncia abarca también a funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.

Además están acusados el jefe del bloque de legisladores porteños del FpV, Juan Cabandié, y el diputado nacional Edgardo Depetri, junto a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita".

En cuanto al 7 de diciembre, Clarín afirma que "resulta aun más peligrosa la actitud de gobierno y de algunos funcionarios mencionados, que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o 'deadline' en este conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos".

En su presentación, citan un textual de Sabbatella: "La AFSCA va a actuar de oficio después del 7 de diciembre", sosteniendo que el funcionario "en la misma línea trazada por el gobierno, soslaya el derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a las autoridades y aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación".