La empresa española aspira a que se declare ilícita la actuación de la Argentina y se le condene a restaurar la situación o a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados. Afirma que hubo una "violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina firmado el 3 de octubre de 1991"

"En dichos escritos de alegaciones, Repsol, S.A. y Repsol Butano, S.A. concretarán las reparaciones y compensaciones a reclamar a la República Argentina, sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas", informó la compañía en una nota enviada a las autoridades bursátiles españolas.

Hasta la estatización, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4 por ciento del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valora en 10.500 millones de dólares.

Repsol tiene abiertos otros frentes judiciales por la expropiación de YPF; en nuestro país interpuso una demanda de inconstitucionalidad, mientras ante la justicia estadounidense presentó otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país.