"El monitoreo es secreto para la sociedad civil, vamos a apelar a instancias legales porque tenemos el derecho a la información", insistió el dirigente. Además, se quejó de que en torno a los resultados de los monitoreos "hay silencio y desprecio a la Asamblea". "Nosotros no sabemos nada, absolutamente nada, hay un desprecio al derecho de la población a estar informada sobre los problemas ambientales", consideró Alazard.

"Con la excusa de que no se ponen de acuerdo las delegaciones de Argentina y Uruguay en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), a la población no se le informa sobre la contaminación que sabemos que causa Botnia-UPM", sentenció.

El control sobre la planta de la compañía finlandesa y a los ríos Uruguay y Gualeguaychú, comenzó en noviembre de 2010 por un acuerdo entre ambos países tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el diferendo surgido tras la instalación de la planta de pasta de celulosa finlandesa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, frente a Gualeguaychú.

En el marco de la CARU, se creó un comité científico binacional para la tarea del monitoreo, que ya incluyó más de diez ingresos a la planta industrial. Recientemente, el asambleísta Gustavo Rivollier advirtió que "estamos a años luz de tener un monitoreo en serio sobre Botnia".