20:48 › EL SEGUNDO SECUESTRO DE MARITA
"Los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano, lejos de impartir justicia, han brindado impunidad", sentenció la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al leer un comunicado firmado junto a otras organizaciones de derechos humanos en el que piden el juicio político para los magistrados que emitieron las absoluciones en el caso de Marita Verón e instaron por la democratización del poder judicial.
El comunicado, suscripto también por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), HIJOS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, indicó que "en muchos casos la trata de personas entraña también la corrupción de los funcionarios estatales".
En ese sentido, el documento advirtió que tanto fuerzas de seguridad como inspectores municipales "suelen recibir dinero o dádivas a cambio de permitir la continuidad del negocio ilegal y por eso resulta difícil desarmar el entramado de complicidades".
Por eso, otro de los apartados leídos por Carlotto subrayó: "Resulta inconcebible que a más de veinte años del retorno de la democracia la impunidad reine frente a la justicia y la garantía de los derechos para los más desprotegidos". "Esta es una desgracia que nos une, entonces tenemos que buscar estrategias para que esta lucha tenga continuidad", indicó la titular de Abuelas.
"Hay que cambiar esta idea de que lo que dicen es supremo, que son intocables, quizás esto que pasa hoy sirva para empeñar al pueblo en esta demanda masiva", añadió Carlotto y exigió "formación en derechos humanos de las fuerzas armadas y de seguridad, que han cometido en la historia los crímenes más atroces y que en algunas provincias todavía lo siguen repitiendo".
Por su parte, la vicepresidenta de Abuelas, Rosa de Roisinblit, indicó: "Se vive pidiendo la independencia de los poderes, está muy bien, pero fíjense acá. La justicia fue independiente pero faltó a la verdad, se corrompió".
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien también participó del acto de repudio, indicó que "es penoso que un tribunal sea tan indiferente al dolor del pueblo" y aseguró que "este fallo deja al desamparo no sólo a Susana Trimarco y a Marita Verón sino a todas las víctimas de trata".
El funcionario señaló que "los jueces perduran en el tiempo en forma indeterminada y promueven sus propios mecanismos de control" e invitó a "discutir ideas, están los tribunales populares, por ejemplo, son muchas la alternativas, pero tenemos empezar a debatir".
En tanto, Laura Conte del CELS, señaló que "este fallo es un dolor inmenso para la sociedad, pero fue esperado y anunciado porque sabemos que hay corporaciones dentro de la justicia en connivencia con el delito". "¿Cómo puede ser que la justicia no sea permeable al enfoque de género que hoy está en gran parte de la sociedad", se preguntó Conte y enfatizó: "Es momento de poner un límite".
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