Con esta decisión, la causa dejará de estar en manos de los fiscales de La Matanza Carlos Arribas y Celia Cejas, especializados en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte, y el juez de Garantías 5 Gustavo Banco. Estos dos funcionarios judiciales habían reemplazado a la primera instructora de la causa, Roxana Castelli, quien había caratulado el hecho como "averiguación de paradero".

A fines de diciembre, la familia Arruga, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitaron el cambio de carátula a "desaparición forzada de persona" y que la causa pasara al fuero federal.

Sin embargo, la Justicia provincial de La Matanza seguirá a cargo de una causa conexa al expediente principal y en la que está detenido desde el 7 de enero último el oficial principal de la policía bonaerense Julio Diego Torales, quien prestaba servicios en el destacamento de Lomas del Mirador y fue pasado a disponibilidad por estar imputado por "severidades y vejaciones" a raíz de un hecho ocurrido en septiembre de 2008, cuando Arruga fue llevado a esa sede policial.

Según la agencia Télam, en esa oportunidad, Arruga fue detenido por el supuesto robo de dos teléfonos celulares a unos alumnos de un colegio de la zona y alojado en el destacamento local.

La familia sostiene que, antes de desaparecer, el chico fue conducido al destacamento, que no estaba habilitado para la detención de personas, y que lo hicieron desaparecer por haberse negado a robar para la Policía. Por el caso, la Justicia investiga a ocho policías bonaerenses que el 21 de enero fueron pasados a disponibilidad preventiva por el caso: los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez, y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz.