Los manifestantes repudiaron la resolución emitida el viernes por la SCJ en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos coroneles contra una ley aprobada en 2011, que invalidaba la Ley de Caducidad (amnistía) sancionada en 1986 y ratificada en los plebiscitos de 1989 y 2009.

Mientras el Movimiento de Participación Popular (MPP), del presidente José Mujica, anunciaba que impulsará el juicio político a los miembros de la SCJ, a quienes acusa de ser "responsables del mantenimiento de la impunidad", Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ, reconoció que "hay una tensión entre algunos poderes del Estado, pero no deja de ser parte del juego democrático". "Las decisiones del Poder Judicial están para ser criticadas siempre y cuando se mantenga cierto margen de orden y de respeto en relación a las autoridades", agregó el vocero, quien admitió que en los últimos días se desplegó "un dispositivo de seguridad" en torno a los ministros de la SCJ, y recordó que una semana atrás, en un hecho "inusitado", un grupo de manifestantes ocupó la sede de la Corte en protesta por la decisión de trasladar a la órbita civil a una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

Al malestar por el traslado de jueza Mariana Mota se sumó la declaración de inconstitucionalidad de la ley que había determinado la imprescriptibles de los delitos de la dictadura, al considerarlos crímenes de lesa humanidad, tras lo cual algunos sectores del FA no descartaron realizar un juicio político a la SCJ.

Lucía Topolansky, la senadora más votada del oficialismo y esposa del Presidente, dijo a radio El Espectador que la resolución de la Corte perjudica la imagen de Uruguay en el momento en que se estaba transitando "un proceso prolijo para desandar una situación (de violaciones a los derechos humanos) que ojalá nunca" se hubiera dado. Topolansky aseguró que el FA no está presionando a la SCJ pero no descartó que en una eventual reforma onstitucional a futuro se incluyan cambios en el sistema judicial, cuyo modelo de un solo tribunal supremo consideró "obsoleto".

En respuesta a los planteos de la izquierda y ante "la preocupante situación institucional que ha provocado", los ex presidentes Jorge Batlle (2000-2005), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000), todos de la oposición, emitieron una declaración en l aque afirmaron que "no es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a la máxima autoridad judicial".

Además, la proclama cuestionó que el traslado de una jueza "desate una tormenta de ataques" y recordó que es "inadmisible" que se sigan "despreciando dos consultas directas a la ciudadanía", en referencia a los dos plebiscitos que no lograron los votos suficientes para derogar la ley que limitó las investigaciones de los delitos cometidos en la dictadura, norma que la ley de 2011 ahora cuestionada pretendió dejar sin efecto.