La actitud del jefe de gobierno fue denunciada por la diputada porteña María José Lubertino, del Frente para la Victoria, pero el juez en lo correccional Raúl García, archivó el caso por falta de una imputación para encuadrar el hecho en una figura penal. La decisión fue apelada por la fiscal de instrucción, Dora Olivieri, lo que fue apoyado por el fiscal de cámara Eduardo Itoyz y aceptado por la Sala VI de la misma cámara, que consideró prematuro haber archivado la denuncia.

"Compartimos la postura del representante del Ministerio Público Fiscal, por cuanto resulta necesario citar a la denunciante (Lubertino) para delimitar, en la medida de lo posible, el objeto procesal a investigar", indicó el tribunal.

La legisladora, por su parte, insitió en que Macri violó sus deberes como funcionario público, lo cual obstaculizó la operación y puso en riesgo a la paciente dado que facilitó el accionar de organizaciones como Pro vida, que "a veces pueden ser violentos". Lubertino responsabilizó además a la ministra de Salud, Graciela Reybaud, por la dilación de la operación y al director del Ramos Mejía, Carlos Mercau, porque el capellán del hospital accedió a los datos de la paciente y los utilizó para organizar una misa en la puerta de la casa.

La mujer, que había denunciado ser víctima de trata y haber sido violada, logró un fallo favorable de la Corte Suprema y pudo interrumpir su embarazo en otro centro médico semanas más tarde.

Una denuncia similar fue presentada por los legisladores porteños Laura García Tuñón, María Elena Naddeo, Gabriela Alegre, Gabriela Cerruti, Alejandro Bodart y Tito Nenna, acompañada por la secretaria general de Ctera, Estela Maldonado, y la exdiputada Cecilia Merchan.