Para el magistrado, "todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia (...) era la de una utilitarista figuración", es decir que su presencia permitía utilizar su título real como baza en las negociaciones entre Nóos y "las empresas e instituciones públicas".

En su auto, el juez considera que si dicha utilización se hacía "mediante el consentimiento y conocimiento de presente y de futuro, podría ser calificado como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos" por Urdangarin y Torres, "o, cuanto menos, de complicidad".

La imputación de la infanta Cristina, de 47 años, agravó aún más el escándalo que se había desatado luego de que Undargarín, un exjugador de handball, fuera acusado de apropiarse de fondos públicos destinados a Nóos, una sociedad de mecenazgo que presidió entre 2004 y 2006, y en cuya junta directiva participaba su esposa.

En febrero pasado, la Justicia española había dispuesto un embargo contra Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por no haber abonado la fianza de 8,1 millones de euros (10 millones de dólares), cifra que, según se estima, es cercana al desfalco por el que se los acusa.

Torres, que fue quien entregó a la Justicia el paquete de correos que vinculan a la infanta, declarará el 27 de abril por presunto "tráfico de influencia" ante el juez José Castro, de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares.