El Decreto de Necesidad y Urgencia 1/13 anunciado el jueves pasado por el gobierno de Mauricio Macri, que obtuvo 48 votos a favor, 4 en contra y tres abstenciones, también dispone que los damnificados sean beneficiados con la exención del pago del impuesto Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) durante seis meses. "Las personas directamente afectadas podrán solicitar el otorgamiento de un subsidio para atender y paliar los daños que hubieran sufrido, en forma indistinta, en bienes muebles, bienes registrables o bienes inmuebles", expresó el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo (PRO).

La iniciativa crea un fondo público destinado a paliar los efectos de las inundaciones equivalente al 5 por ciento de la recaudación anual en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa retributiva de los Servicios de ABL, Mantenimiento y Conservación de Sumideros. Además, establece que el Banco Ciudad ofrecerá una línea de crédito específica, a tasa subsidiada, destinada a asistir a personas físicas, consorcios de edificios y locales comerciales damnificados.

El subsidio, en tanto, debe solicitarse dentro de los 20 días hábiles de producido el daño, mientras que la subsecretaría de Emergencias del ministerio de Justicia tendrá la obligación de expidirse "en un plazo de 30 días hábiles de recibida la solicitud". De lo contrario, "se considerarán reconocidos por el Gobierno de la Ciudad los daños denunciados, y expedito el pago del subsidio que se determine", sostuvo la medida.

Mientras la legisladora Gabriela Cerruti, del bloque Nuevo Encuentro, afirmó que "los subsidios son rápidos y expeditivos", su colega del Frente para la Victoria, María José Lubertino, cuestionó que el oficialismo no accedió a eximir de pago de la Patente a los damnificados por los vehículos que sufrieron la inundación, y anunció que su bloque "insistirá" el jueves próximo, cuando el cuerpo se reúna en sesión ordinaria, "con el pedido de interpelación" a Macri como "responsable directo de las obras hidráulicas que no se han ejecutado" en las zonas que resultaron inundadas.

El legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, por su parte, explicó su voto en contra de la iniciativa porque el proyecto oficial, dijo, "no da solución a los problemas inmediatos que generó la inundación". "Queríamos una propuesta superadora. A menos que haya daños en la propiedad, los damnificados cobrarán sólo 8 mil pesos como máximo. No voy a ser cómplice de un Estado que no está a la altura de las circunstancias y que fija montos y plazos que son una burla para todos los afectados", agregó.